La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha tenido como “uno de los principales instrumentos de control”, la criminalización a las defensoras de derechos humanos y las disidentes políticas, de acuerdo al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

Estos organismos presentaron una investigación llamada “Perseguidas por defender y resistir. Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, Nicaragua y México”, en el cual mencionan que la persecución contra las mujeres en “recurrente” por parte de la dictadura de Daniel Ortega.

“Desde antes de 2018 la criminalización ya había sido usada de forma recurrente por el gobierno de Daniel Ortega para perseguir a las feministas, después de que estas apoyaran la denuncia por violación que interpuso contra él Zoilamérica Narváez, hija de su esposa y actual vicepresidenta Rosario Murillo, y de que se opusieran a la penalización del aborto que Ortega pactó con la jerarquía católica”, explican en el documento.

Otro de los casos más conocidos y plasmados en esta investigación es el que el régimen de Ortega ha llevado a cabo en contra de la lideresa campesina Francisca Ramírez y todas las personas que alzaron su voz contra el megaproyecto del Canal Interoceánico que amenazó con expropiar las tierras y propiedades de miles de familias campesinas nicaragüenses.

Te recomendamos:

https://www.radiodario893.com/permiten-a-suyen-barahona-hablar-con-su-hijo-de-cinco-anos/

Esta investigación enfatiza en que la criminalización en Nicaragua contra las mujeres defensoras de derechos humanos y activistas “va más allá de los procesos de judicialización” y todas ellas sufren de algunos métodos de represión como señalamientos, estigmatización, hostigamientos, cancelación de organizaciones, muerte civil, represión migratoria o destierros, entre otras, los cuales tienen graves impactos sobre sus vidas y las de sus familias.

“Las estrategias empleadas por el Gobierno se alternan y se agudizan según este adopta una postura cada vez más violenta y autoritaria. Además, se intensifican conforme las defensoras persisten en la defensa de los derechos humanos, pasando de acciones como asedios o toma de fotos a investigaciones que facilitan que se haga uso del derecho penal para su posterior persecución”, señala la investigación.

En Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega mantiene a 235 presos políticos, de los cuales, 21 son mujeres entre las que se encuentran activistas feministas y defensoras de derechos humanos.