La respuesta del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua para enfrentar la pandemia del Covid-19 es “inútil, inefectiva e indolente”, cuestiona la abogada mexicoamericana Erika Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.

Según la defensora de los derechos humanos el “Libro Blanco” del régimen nicaragüense sobre el manejo de la pandemia “pone en descubierto la incapacidad de este gobierno para proteger los derechos humanos de las personas”.

Sobre el documento oficial, piensa que no es más que un discurso reciclado de acusaciones con una retórica que ha venido a dañar aún más la imagen de Nicaragua ante la comunidad internacional.

En una conversación con Radio Darío, Erika Guevara Rosas, sostiene que la pandemia pone en evidencia que el gobierno de Daniel Ortega no asume ninguna responsabilidad sobre los derechos humanos de la población nicaragüense.

La abogada feminista considera que la “incapacidad” del gobierno nicaragüense proviene porque “ha sido un gobierno violador de derechos humanos” y que tiene una “responsabilidad penal al más altísimo nivel” sobre los crímenes ocurridos en el país desde abril de 2018.

La justicia a veces llega tarde, pero llega

Los crímenes cometidos por fuerzas paraestatales del régimen de Daniel Ortega siguen en la impunidad. A dos años de la masacre en “la madre de todas las marchas” el 30 de mayo de 2018, el sistema de justicia nicaragüense no procesa a ninguno de los implicados.

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“La justicia a veces llega tarde, pero llega”, indicó Erika Guevara Rosas, en referencia a la impunidad que reina en Nicaragua tras los crímenes cometidos por fuerzas paramilitares a manifestantes antigobierno.

Distintos organismos documentaron los asesinatos contra manifestantes opositores desde 2018, entre ellos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Erika Guevara Nicaragua
Erika Guevara Rosas (izquierda) durante su visita a Nicaragua en mayo de 2018. Radio Darío | Swissinfo

Erika Guevara Rosas, quien estuvo en Nicaragua para documentar los eventos violentos en mayo de 2018, asegura que los múltiples informes de organismos de derechos humanos serán el cuerpo de evidencia para acusar en los tribunales nacionales e internacionales a Daniel Ortega y su gobierno.

La abogada ve en Nicaragua una crisis de derechos humanos que continúan profundizando, por los niveles de represión y las personas que continúan detenidas por razones políticas. Considera que “se debe seguir documentando las violaciones para que los responsables sean llevados ante la justicia correspondiente”.

Por Francisco Torrez Tapia

Foto de portada: Tomada de internet