El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR),  iniciar  las primeras confiscaciones del  patrimonio  de los  94 nicaragüenses despojados de su nacionalidad, también declarados traidores a la patria, y prófugos de la justicia.

La  lideresa feminista y periodista, Sofía Montenegro y la ex miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y La Democracia (ACJD), Azahalea Solís, fueron víctimas de allanamientos y cateos por parte de policías fieles al régimen en sus viviendas ubicadas en el residencial Amazonía, en el reparto San Juan, Managua.

Ninguna se encontraba en sus viviendas cuando fueron cateadas por policías, dijeron vecinos bajo condición de anonimato.

Además, una propiedad de la excarcelada política Irlanda Jerez localizada en el barrio Los Ángeles, cercano al Mercado Oriental de la capital fue ocupada por la Policía.

“La casa  de dos pisos pertenecía a mi padre y años más tarde pasó a ser parte de mi patrimonio en Nicaragua” denunció la ex presa política.

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El pasado miércoles 15 de febrero, Ernesto Rodríguez, magistrado orteguista  presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), quitó la  nacionalidad a 94 nicaragüenses, asimismo  fueron declarados “prófugos de la justicia” y ahora se les confiscan sus bienes y pasaran a manos de la dictadura.

Igualmente, las 94 personas fueron inhabilitadas para ejercer cargos de elección popular en Nicaragua  y despojadas de sus derechos ciudadanos de manera perpetua.

Entre los expatriados  se encuentran escritores, periodistas, directores de medios de comunicación, religiosos, defensores de derechos humanos, ex funcionarios públicos.

La embestida del régimen se produjo   una semana después de que liberó y confinó a Estados Unidos a 222 presos políticos encarcelados en distintos  penales del país, y otros  que estaban en las mazmorras de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como “el nuevo Chipote”.

La dictadura en menos  de una semana  despojó de la nacionalidad a 317 compatriotas, incluido los obispos   Rolando Álvarez quien está recluido  en La Modelo penado a 26 años y cuatro meses de  prisión y el obispo Silvio Báez, quien se encuentra en el exilio forzado igual que otros sacerdotes y laicos nicaragüenses.