La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del sociólogo, economista y disidente del Frente Sandinista Óscar René Vargas, debido a que no estaría recibiendo la atención médica oportuna y porque la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se niega a dar información sobre la situación legal y médica del preso político.

En un comunicado emitido el pasado 28 de diciembre, la CIDH informó que las medidas cautelares le fueron otorgadas el pasado 26 de diciembre “tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua”.

Óscar René Vargas fue detenido el pasado 22 de noviembre de 2022 mientras se encontraba visitando a un familiar en Managua que estaba muy grave de salud y tras su captura fue llevado a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) mejor conocida como El Nuevo Chipote.

Con base a las pruebas aportadas por la organización regional defensora de derechos humanos, fue que se solicitó la protección de Vargas, quien permanece bajo custodia de la dictadura de Ortega. La CIDH dice que “observó que el propuesto beneficiario estaría sin recibir atención médica adecuada y oportuna, pese a su condición de especial vulnerabilidad, por ser una persona mayor, de 76 años de edad y con padecimientos previos de salud”.

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“Sus familiares no tendrían acceso a información sobre sus condiciones actuales de detención y salud. Por lo tanto, la CIDH consideró que el señor Vargas Escobar se encuentra en una situación de grave riesgo a la vida, integridad personal y salud”, indica el organismo regional.

Según la CIDH, el Estado de Nicaragua debe garantizar que Vargas “no sea objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o agresiones dentro del centro penitenciario; se garantice acceso a atención médica adecuada y especializada, y se realice inmediatamente una valoración médica especializada sobre su situación de salud; se otorgue los tratamientos y medicamentos necesarios para tratar sus padecimientos; y atendiendo a sus actuales condiciones de detención y su situación de salud, se evalúe la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad”