Los coqueteos entre el régimen sandinista de Nicaragua y Rusia son de vieja data, pero lo que sorprende y preocupa ahora es la visita oficial del funcionario Nikolái Pátrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y ex agente del KGB al país para firmar acuerdos con la Policía y el resucitado Ministerio del Interior.
Según versión oficial, esta visita deja dos acuerdos, uno para capacitar al órgano policial represor del régimen y otro para mantener “ojo al Cristo” a las organizaciones no gubernamentales (ONGs) en el país, que desde 2018 sumarían más de 3 mil cancelaciones y la cifra de despojo de personería jurídica y supuesta “disolución voluntaria” de ONGs no deja de aumentar.
El funcionario y ex agente de la KGB no solamente ha sostenido encuentros con el jefe del ejército, Julio César Avilés (quien sacó la cruz de su parroquia y atacó a EEUU, y se escudó en Rusia, no sin antes lamentarse de las sanciones estadounidenses impuesta a su régimen donde él sale salpicado) sino también con altos funcionarios tales como el primer comisionado Francisco Díaz Madriz, director general de la también sancionada Policía, y la ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch.
Entre los documentos firmados por Nicaragua y Rusia figura el “Protocolo de cooperación entre la Policía Nacional y el Ministerio del Interior de Rusia para 2024-2026”, con el claro objetivo de “capacitación y superación profesional de la actividad policial”, sin que se brindaran detalles más precisos. Pero para expertos en temas políticos y de seguridad, esto vas más allá de solo poner firmas en el papel.
“Confirman continuidad del control político del régimen orteguista a manos de Murillo y Laureano”
Al respecto, Darío Medios consultó al experto en temas de seguridad Manuel Orozco, quien alegó que la principal consecuencia es que el acuerdo confirma la continuidad del método de control politico diseñado por el régimen de Nicaragua.
“Es un apoyo concreto a Daniel Ortega y Rosario Murillo y su fuente principal de ejercicio de autoridad a la fuerza”, dijo Orozco.
De acuerdo con Orozco, el régimen se sostiene con base en la captura de Estado, el monopolio de la fuerza, la criminalización de la democracia/constitución, la propaganda política y el aislamiento con el mundo democrático.
“Para Ortega y Rosario Murillo, la estructura represiva es su principal pivote de sostenibilidad post-Ortega (que está cerca, a menos de 24 meses)”, añadió.
Según el experto, es la sancionada vicepresidenta de Nicaragua quien se está haciendo cargo de la coordinación en política exterior, asignando a Laureano Ortega las relaciones con China y el golfo, a Avilés y Rocha, Rusia, “y ella (Rosario Murillo) se encarga del Caribe. Todo esto construye un andamio que fortalece su hoja de ruta para el 2026”, destacó Orozco.
“Métodos de control político más allá de la concentración de poder”
Una traducción al español de una parte del documento “Consolidación totalitaria y recomendaciones para la acción política” elaborado por Manuel Orozco, politólogo nicaragüense y director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo explica más detalladamente lo antes expuesto, que tiene que ver directamente con el tipo de radicalización totalitaria en Nicaragua, que es ahora una realidad consolidada en lugar de una amenaza.ectamente con el tipo de radicalización totalitaria en Nicaragua, que es ahora una realidad consolidada en lugar de una amenaza.
La administración del poder opera en al menos cinco frentes. Estos frentes se extienden más allá de lo convencional:
En primer lugar, el aislamiento continuo de la comunidad internacional minimiza el escrutinio. Aparte de eliminar al propio país de las obligaciones legales internacionales, como la pertenencia a la Organización de Estados americanos, el régimen también ha forjado alianzas con estados paria y ha convertido a la migración como un mecanismo para subvertir a otros actores internacionales, en particular los Estados Unidos.
En segundo lugar, continúa debilitando el activismo cívico y las esperanzas de cambio de los nicaragüenses mediante el uso del miedo y la detención como medios para contener protestas. El eje principal aquí es criminalizar la democracia a través de un marco legal que elimina los derechos de los nicaragüenses y los hace vulnerables a falsas acusaciones. El sistema depende de un poder judicial que actúa más como una comisaría política.
Es así como el régimen ha subordinado la Constitución a la Ley de la autodeterminación como la Ley Suprema de la Tierra y la utiliza como medio para reprimir, intimidar y expulsar.
Asimismo, el régimen ha autorizado a la policía a través de sus cuadros de inteligencia para identificar a aquellos que están en violación de la ley. La ley no es específica y está enmarcada intencionalmente para subordinar a la Constitución de Derechos. Las personas pueden ser detenidas por simples acusaciones o rumores de informantes, policías al servicio de Ortega-Murillo.
En tercer lugar, la captura del estado se realiza a través de una élite económica dentro de las filas del régimen utilizando favores, confiscaciones, extorsión fiscal y profundización de las purgas internas de los disidentes del régimen. El régimen ha reconfigurado una élite económica a través de este modelo de captura del estado Ortega-Murillo que se clasifica forzando las confiscaciones y la extorsión de impuestos, así como la expulsión de personas que ahora están sosteniendo el 30 % de la renta nacional del país. A su vez, existe una estabilidad macroeconómica limitada con una creciente desigualdad en forma de ingresos más bajos, una economía informal más alta y no hay seguridad judicial existente, con préstamos externos continuos para financiar obras públicas.
En cuarto lugar, el régimen emplea la violencia a través de las fuerzas de seguridad formales (policía y ejército), mientras depende de una red de informantes, policías, seguidores militantes e individuos paramilitares.
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La policía y los informantes recopilan inteligencia, instruyen al poder judicial y ejercen la fuerza (incluida la profundización de purgas internas dentro del sistema) de institución militar que subordina la lealtad a la Constitución al régimen.
Y por último, el régimen se basa en una máquina de propaganda que destila miedo y control social que funciona lado a lado de un aparato represivo que persigue y detiene a los civiles, en particular a las autoridades religiosas y líderes juveniles. Junto con la policía, la máquina de propaganda también utiliza informantes para infundir miedo y falsas acusaciones que mantienen a la población a raya.
