El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares a favor del obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien permanece detenido en La Modelo y condenado a 26 años de prisión.

CALIDH es un organismo que interpuso una denuncia ante un tribunal de justicia en Argentina, por crímenes de lesa humanidad en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En la solicitud hecha a la CIDH, que deberá ser enviada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que continúe con el proceso, indica que “se solicita que se declare que el Estado de Nicaragua ha violado los derechos a la integridad personal, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y retroactividad, libertad de conciencia y religión, derecho de nacionalidad, derechos políticos, derecho de circulación y residencia, y protección judicial”.

“Todo frente al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, todos de la Convención Americana en derechos humanos en perjuicio del ciudadano nicaragüense monseñor Rolando Álvarez Lagos”, según expuso el secretario ejecutivo del organismo, Danny Ramírez Ayerdiz.

Monseñor Rolando Álvarez fue condenado a 26 años de prisión por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo el pasado 10 de febrero. También fue despojado de su nacionalidad nicaragüense.

El obispo de la Diócesis de Matagalpa permanecía bajo el régimen de casa por cárcel desde el pasado mes de agosto de 2022, pero el nueve de febrero de este año, tras negarse a ser desterrado por la dictadura, monseñor Álvarez fue encarcelado en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, mejor conocido como “La Modelo”.

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Días después se supo que monseñor Álvarez fue enviado a una celda de máxima seguridad, mejor conocida como El Infiernillo, en donde se registran temperaturas de hasta 40 grados.

Por su parte, CALIDH también señaló que la dictadura “ejerce un patrón de censura, castigo y venganza por su voz activa en contra de las violaciones a derechos humanos cometidas en el país desde abril de 2018”.

El organismo justificó su petición de medidas cautelares para el obispo debido al “deterioro acelerado de su salud física y psíquica del prelado, quien actualmente se encuentra en aislado en la cárcel La Modelo”