Luego del destierro, el 14 de enero, de 19 religiosos, la abogada e investigadora en temas religiosos Martha Patricia Molina denunció que persiste la vigilancia y asedio en contra de sacerdotes nicaragüenses por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

«Mientras todos nosotros gozamos en este país —EE.UU.—, de democracia y todos los valores cívicos, éticos y morales que son propios de un estado de derecho, en Nicaragua todos los sacerdotes permanecen vigilados 24 horas al día por parte de la dictadura sandinista», señaló la jurista, durante el evento «Libertad religiosa y académica en Nicaragua», celebrado la tarde del lunes, 29 de enero, en la universidad Georgetown University, en Washington D. C.

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La creadora de la investigación Nicaragua, ¿Una iglesia perseguida?, detalló que los religiosos (sin especificar nombres) tienen que reportar a la Policía Nacional qué actividades realizarán.

«Un día antes —los sacerdotes— deben de enviar una agenda de cuántas eucaristías, bautizos, confesiones realizarán o si van a ir al supermercado, para luego ser autorizado por la Policía», detalló Molina.

Sacerdotes defendieron derechos humanos

Por otra parte, remarcó que la arremetida contra los sacerdotes se originó en 2018, luego que «suplicaran la administración orteguista el cese a la represión y a las hostilidades».

«Los sacerdotes hacían un único llamado, que era el entendimiento entre las partes involucradas, porque esto no era un enfrentamiento armado, a como lo ha querido hacer ver la dictadura Ortega- Murillo, sino que era un Gobierno asesinando a gente desarmada, que cuando salíamos a protestar llevábamos en nuestras manos celulares y rosarios», subrayó Molina.

Sacerdotes obligados informar a la Policía orteguista  hasta si van a un supermercado, según investigadora
Sacerdotes obligados informar a la Policía orteguista hasta si van a un supermercado, según investigadora

A la vez hizo hincapié en que sin la presencia activa de la Iglesia católica nicaragüense, «las 355 víctimas que fueron reportadas por organismos de derechos humanos internacionales, se habría convertido en una cifra inimaginable».

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«La administración pública Ortega-Murillo, al observar que la Iglesia católica adoptó una posición frontal a favor del respeto la vida y los derechos humanos, comenzó un ataque en su contra para apartarla y silenciar su voz profética, pero la Iglesia se aferró a los principios del evangelio y siguió ejerciendo su labor pastoral», afirmó.

Luego de casi tres años de represión contra sacerdotes, Martha Patricia Molina lamentó que cada día se recrudece, contabilizando así a más de 40 religiosos desterrados y decenas obligados al exilio.