En un reportaje exclusivo de Darío Medios Internacional en paralelo al evento de la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Paraguay, se denunció ante Enrique Roig, subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, la represión transnacional desatada sin precedentes por Daniel Ortega y Rosario Murillo desde la explosión cívica de abril de 2018, porque las acciones del régimen estarían en la mira.
De acuerdo con los denunciantes, el régimen sandinista pone en práctica varias estrategias represivas con el fin callarlos, tratándoles de imponer una mordaza y recetándoles destierro, desnacionalización, atentados, persecución, espionaje expropiación de sus bienes y amenazas a familiares que residen en Nicaragua.
Entre esas denuncias de impacto sobresalen la de la hija de Rosario Murillo, quien señaló de forma enérgica que en Nicaragua prevalecen mecanismos de espionaje, más asegura que están en completa indefensión.
Zoilamerica Murillo -misma que acusó a Daniel Ortega de violación hace muchos años- fue contundente al expresar que no estaban acusando a alguien desconocido, sino a uno de los países autoritarios y con grupos militares que opera bajo esa línea.
Al respecto, Carlos Fernando Chamorro, exiliado en Costa Rica desde 2021, fue directo al especificar que “hemos sido objeto de espionaje, de vigilancia y de amenazas, y hemos tomado nuestras medidas para mantener también nuestra seguridad”, denuncias que van de la mano con el reporte de la OEA.
Entre esas acciones en contra de opositores destacan también los daños colaterales que implican la aprehensión a familiares, espionaje en los países donde residen en condiciones de asilo o refugio, amenazas, negativa de expedirles pasaportes, desaparición de sus registros personales y públicos y denuncias ante la Interpol para capturarlos por delitos “fabricados”, todo esto según lo expuesto por panelistas denunciantes que participaron en el diálogo: “Represión transnacional en la región: El caso de Nicaragua”, un evento que se efectuó en conjunto con la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en el país sudamericano.
Fue así como, además, Ángela Buitrago, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN); Juan Carlos Arce, defensor del Colectivo Nicaragua Nunca Más expusieron cómo la represión sigue en su apogeo, provocando que cada vez más nicaragüenses vean vulnerados sus derechos humanos, situación que fue confirmada por el subsecretario de la Oficina de Democracia y derechos humanos de EEUU.
Enrique Roig resaltó que otra de las formas represivas del régimen sandinista ha sido la negación sistemática certificados de nacimiento, pasaportes a familiares de individuos que ellos catalogan como opositores.
Asimismo, el funcionario estadounidense enfatizó que la dictadura igualmente se enfoca en controlar la movilidad de los nicaragüenses al negarles servicios consulares y no permitirles el reingreso luego de haber viajado al exterior, dejándolos a la deriva, para rápidamente cancelarles cuentas bancarias, expropiarles y confiscarles sus propiedades bajo la figura del delito de “traición a la patria”, término que para expertos es una forma de castigar a quienes alzan la voz en contra del régimen orteguista y allegados.
En paralelo, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por la ONU, continúa ampliando las violaciones a los derechos humanos, incluyendo las nuevas modalidades represivas, de acuerdo con lo establecido por la jurista colombiana, Ángela Buitrago.
Es así como se dio a la vez relevancia al temor que sienten las familias de opositores que aún viven en Nicaragua y permanecen en vigilancia constante y asedio policial en sus hogares.
“Denuncian a Costa Rica por mantener actitud pasiva frente al régimen de Ortega”
Juan Carlos Arce del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca Más expuso que han aumentado las acciones de vigilancia y de monitoreo en Costa Rica por parte del Ortega y Murillo, y aunque el gobierno de Rodrigo Chaves lo haya negado, lo cierto es que existe vigilancia, monitoreo. Arce enfatizó que incluso existe una lista de personas a quienes les dicen “estás en lista y vas hacer asesinado; eso genera miedo, nos genera miedo a los defensores de derechos humanos y esa es la mejor herramienta que utiliza el régimen para silenciar. Y quiero agregar que ante esta situación la comunidad internacional ha sido indiferente, y en el caso específico de Costa Rica no solo es indiferente sino displicente para investigar y proteger”, argumentó.
Enrique Saenz, analista político y economista que también estuvo de panelista en el evento de la OEA, dijo que “algunos bancos de origen nicaragüense como el Banco Promerica en Costa Rica, sirven de brazo represor para el régimen, cancelando o anulando cuentas bancarias o negando la apertura de una cuenta bancaria a ciudadanos nicaragüenses”.
“Extradición, otro de los mecanismos que utiliza la dictadura”
Una polémica se desató en la comunidad de refugiados nicaragüenses en Costa Rica, luego de que este país extraditara a Nicaragua a uno de dos opositores del régimen orteguista y exmiembro de la contra o Resistencia Nicaragüense. Todo aconteció la tarde del viernes 16 de febrero de 2024.
El extraditado es Douglas Gamaliel Pérez Centeno, también conocido como Douglas Gamaliel Álvarez Morales y alias “Relámpago”.
Ortega acusa al opositor por su presunta participación en el asesinato de una policía y un civil, junto con Reinaldo Picado Miranda, alias “comandante Omar” y también exmiembro de la Resistencia Nicaragüense, quien aún permanece encarcelado en Costa Rica.
El representante legal de Álvarez y de Picado Miranda, Daguer Hernández, aseguró que interpuso ante la Sala Constitucional de Costa Rica un segundo Habeas Corpus para evitar la ejecución de la extradición de Álvarez; y que la Sala Constitucional acogió el recurso la tarde del 16 de febrero, pero que las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya habían ejecutado la extradición.
Al respecto, Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino, lamentó que Costa Rica no haya respetado el debido proceso. Luego de varios intentos ante organismos internacionales por evitar la extradición.
“Seguiré denunciando esta injusticia por todas las vías legales, hasta en las últimas instancias correspondientes. Igual que lo hice ante de la CIDH”, dijo Mairena.
Esto va de la mano con el Informe sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua 2023, elaborado por el Departamento de Estado de EEUU, y publicado recientemente, donde señalan que hubo informes creíbles de que Daniel Ortega “intentó hacer un uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol con fines políticamente motivados como represalia contra personas que consideraba opositoras, incluido el clero que se exiliaba”.
Cabe resaltar que, en la actualidad existen 69 nicaragüenses con notificaciones rojas de la Interpol, de los cuales 55 fueron requeridos por autoridades orteguistas.
El informe igualmente recopila la denuncia de los nicaragüenses exiliados, sobre todo, en Costa Rica, -nación que se había ganado la fama de respetar los derechos humanos- sobre “acoso y opresión política por parte de simpatizantes parapoliciales y del Frente Sandinista que cruzaron la frontera para atacar a los exiliados”. Lo que llevó a Estados Unidos a tildar como “represión transnacional”, mencionada al inicio de este reportaje.
En ese mismo contexto, Rafael Solís, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y exiliado político que se encuentra exiliado en Costa Rica desde 2018, afirmó que decidió dejar de brindar declaraciones a los medios recientemente porque cada vez que lo hacía había repercusiones en contra de su familia.
“Ortega debe acatar resolución, aunque se haya retirado de la OEA”
Nicaragua, que dejó formalmente de ser miembro de la organización hace siete meses por petición de Daniel Ortega, fue el centro de atención una vez más en la asamblea general. No obstante, el organismo sigue exhortándole a “respetar todos los derechos humanos” porque es una de sus “obligaciones legales”.
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La OEA lamenta profundamente que Nicaragua se haya alejado, pero hace hincapié en que su retiro “no deja sin efecto las demás obligaciones legales por las cuales es responsable en virtud de su ratificación de otras convenciones interamericanas”, se lee en una resolución aprobada por unanimidad por el Consejo Permanente, órgano ejecutivo del organismo en noviembre de 2023.
La situación del país centroamericano con la comunidad internacional se ha tensado por la represión de las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones cada vez más controladas por el sandinismo y cuestionadas por opositores.
La 54ª asamblea general de la OEA, la última de Luis Almagro como secretario general, estuvo centrada en cuatro áreas: la defensa de la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo, explicó el embajador Mora hace días.
Con todo y eso, la prioridad de Estados Unidos es “fortalecer esta institución” pese a sus “desafíos” porque es una plataforma “única e importante” para abordar problemas trasnacionales, afirmó el embajador.
