La trata de personas es el movimiento ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano.

Según la abogada del organismo “Quincho barrilete”, Karla Nicaragua, ante la trata de personas se le vulneran los derechos y son forzados a través de la violencia, son utilizadas para explotación sexual, discriminación, servidumbre por deuda y hasta para matrimonios forzados.

“El tráfico ilícito es un delito del cual han estado siendo víctimas muchos nicaragüenses, lo que implica que el traficante facilita la entrada ilegal de una persona a un estado para que esta persona cruce fronteras sin tener documentos legales, sin embargo, en el tránsito de este ciudadano puede llegar a ser víctima de tratantes, puesto que los llamados “coyotes” tienen vínculos con esta red y les informan que llevan a estas personas y es ahí donde vemos que empiezan a pedir grandes sumas de dinero para poder liberarlas”, dijo la doctora Karla Nicaragua.

En Nicaragua la Ley 896, Ley contra la trata de personas, promulgada en el 2015, basada en el protocolo de Palermo sanciona a las tratantes de personas.

Esta ley tiene varios componentes; la persecución, la investigación, la judicialización, atención y prevención del delito. El artículo 182 del código penal de Nicaragua es el que tipifica la trata de personas y en este caso comete el delito quién “organice, promueve, financie, publicite, gestiones, induzca, facilite, transporte o quién promueva la captación directa e indirecta, reclute, contrate, retenga, oculte, acoja a cualquier víctima con cualquiera de los fines cómo prostitución, explotación sexual, proxenetismo, pornografía, embarazo forzado, explotación laboral, tráfico de órganos, utilización de menores en actividades delictivas dentro y fuera del territorio nacional”, enfatizó la abogada.

La pena para el delito de trata de blanca conlleva entre 10 a 15 años de prisión, más mil días multas, la cancelación comercial, clausura definitiva del local o el decomiso de los bienes e inmuebles y los recursos económicos utilizados y obtenidos para tal efecto.

Uno de los últimos reportes realizado por la policía corresponde al período del 2012 – 2013 en dónde se registraron un total de 190 víctimas según estadísticas de la Policía de Nicaragua. Las autoridades también reportaron que en el primer semestre del 2014, en el departamento de Chinandega, contabilizaron tres casos de trata de persona, con 8 víctimas.

La organización no gubernamental Save the Children ha señalado en muchas ocasiones que las instituciones del sistema de justicia penal en Nicaragua no llevan un registro sistemático y exhaustivo de los casos, cantidad de víctimas y otras características del delito, de manera que las posibilidades de dar seguimiento a la evolución de su comportamiento, es limitada.