Políticos, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos en Nicaragua coinciden en que la iniciativa “Ley Especial de Ciberdelitos” debe agilizar el proceso de unidad de las y los nicaragüenses frente al régimen de Daniel Ortega.

El gobernante Frente Sandinista dejó claro que con la aprobación de esta ley castigará con cárcel a todo aquel que considere su enemigo.

Para el joven opositor Guillermo Incer esta propuesta de Ley del gobierno de Daniel Ortega busca cortar todo intento de organización de la ciudadanía nicaragüense.

Incer que representa a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) ve en esta amenaza del régimen un llamado más para priorizar y anteponer otro mecanismo de presión que no sea la salida inmediata del régimen Ortega-Murillo.

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“Me parece que es otro llamado más que nos hace la realidad política nicaragüense a la oposición de que debemos priorizar y anteponer cualquier otro tipo de agenda que no sea la búsqueda de los mecanismos de presión para lograr la salida de la dictadura” dijo Incer.

La iniciativa de ley presentada ante la Asamblea Nacional justifica que la “Ley especial de Ciberdelitos” busca prevenir, investigar, perseguir y sancionar a quienes usen la tecnología de la información y la comunicación “en perjuicio de personas naturales y jurídicas”.

Para la reconocida defensora de derechos humanos Vilma Núñez, esta iniciativa busca criminalizar la profesión periodística, según lo referido en el artículo 30 del documento que señala específicamente la publicación de noticias falsas.

“Estamos frente a gente completamente irracional y además llena de terror y de miedo. Es una muestra de miedo, definitivamente el que está en riesgo usa todos los recursos malos”, dijo Vilma Núñez sobre las acciones del gobierno.

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En cambio el también defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión sostiene que “Ley especial de Ciberdelitos” solo es una copia que realizaron diputados sandinistas de legislaciones en otros países.

Antes de la insurrección cívica en abril de 2018 la bancada del Frente Sandinista ya había especulado de regular el uso de las redes sociales en el país, sin embargo, ahora, según Carrión el alcance de esta ley podrá afectar a los mismos trabajadores del gobierno.

Esta ley “persigue a la gente que tienen trabajando porque habla que los que revelen información considerada como reservada. ¿qué puede ser confidencial? Y que el pueblo de Nicaragua no pueda conocerlo, precisamente porque Nicaragua ha ido conociendo todo lo que hacen”, apuntó Carrión.

Sin embargo desde algunos sectores de la oposición nicaragüense alegan que ninguna ley creada por el partido gobernante los podrá callar.