La justicia argentina empezó una investigación penal contra el dictador Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y otras autoridades del régimen para determinar si se cometieron crímenes de lesa humanidad, según informa la agencia de noticias argentina Infobae.

El juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto al Poder Judicial de Nicaragua para que informe si hay causas abiertas donde se investiguen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas, o torturas.

Además de la pareja dictatorial, la justicia argentina investigará al primer comisionado de la Policía, Francisco Díaz, al asesor privado de Daniel Ortega, Néstor Moncada Lau, al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés y al ministro de transporte y general en retiro Óscar Mojica.

De igual manera, se abrió investigación contra el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, el director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López, la exministra de salud, Sonia Castro, el asesor presidencial en temas de defensa y seguridad Óscar Valladares, y al presidente del Banco Central, Ovidio Reyes.

La denuncia judicial radicada en Buenos Aires solicita, entre otras cosas, que sean citados a declaración indagatoria todos los funcionarios señalados, incluido Daniel Ortega, y que también puedan declarar como testigos las víctimas de la represión y sus familiares.

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Como primera medida, el juez Lijo ordenó enviar un exhorto a la Justicia de Nicaragua y le pidió a la Cancillería argentina que “arbitre los medios necesarios para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que informe si se han iniciado procesos referidos a los hechos mencionados en el presente”.

Según Infobae, la causa Ortega y Murillo comenzó a partir de una denuncia presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota.

El fiscal Eduardo Taiano explicó que la justicia federal argentina está facultada para investigar delitos de lesa humanidad en base al artículo 118 de la Constitución Política de Argentina, que reconoce el principio de jurisdicción universal, y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país que “establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado”.

Taiano también explicó que la Corte Penal Internacional no podría juzgar eventuales crímenes de lesa humanidad en Nicaragua porque nuestro país no ha ratificado el Estatuto de Roma.

La justicia federal argentina ya ha investigado otras denuncias por delitos de lesa humanidad ocurridos en diferentes partes del mundo. La denuncia menciona las causas judiciales por la persecución a los practicantes de la disciplina “Falun Gong” en China, los crímenes del Franquismo en España, y el genocidio denunciado por el pueblo Rohingya en Myanmar.