El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Naciones Unidas, demandó “liberar inmediatamente” a los presos políticos y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, empezando por Cristiana Chamorro además, de Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez.

De igual manera, el Grupo de la ONU demandó realizar una “investigación exhaustiva e independiente” de las circunstancias en torno a su “privación arbitraria” de libertad, además de instar a adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

Asimismo, el Grupo de Trabajo de la ONU también solicita que a los cuatro presos políticos mencionados se les conceda el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación por el daño causado durante su detención. Esto, de conformidad con el derecho internacional.

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El Grupo explicó que no hay fundamento jurídico que se justifique la detención y el juicio realizado en contra de estas cuatro personas. “Es evidente que la detención fue efectuada para imposibilitar que los cuatro detenidos, miembros de grupos políticos opuestos al Gobierno, expresen sus opiniones, realicen su trabajo y participen en la vida pública del país”, mencionó el grupo.

Este mismo Grupo de Trabajo de Naciones Unidas demandó la liberación inmediata de los presos políticos Arturo Cruz Sequeira, Violeta Granera, José Adán Aguerri, José Pallais, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Luis Rivas, Miguel Mora, Miguel Mendoza y Pedro Joaquín Chamorro Barrios. Hasta ahora, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ignorado sus recomendaciones.

La Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH) también ha demandado la liberación de los presos políticos en Nicaragua, con el fin de “proteger y garantizar su derecho a la vida”, pero el régimen de Ortega también ha hecho caso omiso a sus recomendaciones.

Por ello, es que en noviembre de 2022, la Corte IDH declaró al Estado de Nicaragua en “desacato permanente” y advirtió que se elevara la situación a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Por otro lado, el Grupo de la ONU también demandó una investigación específica sobre el caso del general en retiro Hugo Torres, quien falleció en la cárcel y siendo preso político de Ortega, el 12 de febrero de 2022.