El karma de Roberto Larios, funcionario de la CSJ acusado de traición

Rosario Murillo desconfía de la lealtad de la Corte Suprema de Justicia y la tiene en la mira. Entre remociones, interrogatorios y hasta encarcelamientos, el ambiente en los pasillos del complejo es hostil.

Roberto Emilio Larios Meléndez, quien fungía como vocero de la Corte fue llevado a los juzgados donde oficialmente fue acusado de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, figura jurídica que también es conocida como “traición a la Patria”.

Vecinos de Larios, en el municipio El Viejo, departamento de Chinandega, vieron el fin de semana como una patrulla policial de Managua, llegó expresamente a buscar al entonces funcionario y se lo llevaron. Larios no se opuso.

Aunque sus familiares quisieron garantizar medicinas por sus padecimientos crónicos de diabetes e hipertensión, en El Chipote no les admitieron más que agua y yogurt.

Como una especie de karma, Roberto Larios, vive la injusticia que decenas de presos políticos, presentado vestido con uniforme azul, con una “defensa” impuesta que no hará nada para defenderlo y una segura condena que emitirá la sancionada jueza Nalia Nadezhda Ubeda Obando, leal a la dictadura y responsable de haber condenado a otros presos políticos.

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Departamentos judiciales vigilados

Cada departamento judicial está vigilado, a eso responden las destituciones e interrogatorios a los que han expuesto a secretarias y asistentes de judiciales. 

El ojo del régimen se posó en el Poder Judicial este año, cuando supuestamente se ha filtrado información a organizaciones de oposición, pero además cuando hay renuncias de trabajadores que luego de se exilian para no estar al alcance de los órganos de represión. 

En un análisis de la defensora de los Derechos Humanos María Luisa Acosta, publicado en la página agendaestadodederecho.com en el 2020, Acosta se refirió a un colapso del sistema judicial nicaragüense que tiene su génesis en varias reformas constitucionales que favorecieron el control político-partidario de las instituciones públicas nicaragüenses.

“La decadencia del Poder Judicial se hizo aún más generalizada y evidente durante la crisis sociopolítica de 2018, cuando los nicaragüenses exigieron la renuncia del presidente Daniel Ortega y de su esposa,  la vicepresidenta Rosario Murillo. La institución del habeas corpus fue abolida de hecho, cuando el Poder Judicial se negó a proteger la integridad física y moral de cientos de personas secuestradas por paramilitares o detenidas ilegalmente, sometidas a  tortura y a desapariciones forzadas”, enlista la analista.

La debacle del Poder Judicial se remonta a muchos años atrás pero cada mala práctica dejó efectos negativos “esta institución se transformó desde hace dos décadas en una institución que desnaturalizó la función para la cual fue creada… por lo que urge investigar, remover y sancionar a  jueces, magistrados y demás funcionarios actualmente en sus cargos que hayan participado a lo largo de estos años en violaciones de derechos humanos al instrumentalizar la justicia nicaragüense” señaló la analista dos años atrás.

En la Corte Suprema “Sálvese quien pueda”

Y actualmente hay despidos, pero no responden al rescate del Estado de Derecho en Nicaragua, sino a movimientos de piezas claves que ya no gozan de la confianza del régimen. Así ocurrió con la hija del ex vice canciller Katia Jaentschke y la ex diplomática Ruth Tapia Roa, de la remoción de ambas informó Yader Morazán, ex funcionario de la Corte Suprema de Justicia.

Esta semana , el mismo Morazán, confirmó el despido de la magistrada Ileana Pérez, quien era presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y hasta su asistente fue interrogada en el Chipote. 

“Trabajadores en la institución se cuidan de las conversaciones presenciales, de la mensajería WhatsApp, de sus correos internos, cualquier cosa puede significar traición” indicó una trabajadora bajo anonimato, quien no descarta hay espías en cada área.