Algunos bancos privados en Nicaragua estarían poniendo obstáculos a la apertura de cuentas para la ejecución de proyectos, según denuncian unas 100 organizaciones no gubernamentales que forman parte de la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG.

Y agregan que “muchos profesionales están siendo obligados a firmar en bancos nacionales una declaratoria de no agente extranjero y a mostrar sus contratos de consultoría” para poder aplicar el dinero a sus cuentas.

Un pronunciamiento de la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG señala que estas medidas obedecen a la normativa de la Ley de Agentes Extranjeros.

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Estas oenegés hicieron un llamado público a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para resolver los recursos por inconstitucionalidad contra la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.

Las organizaciones denunciaron que la normativa de la denominada “Ley Putin” es más amplia que la propia legislación, y la convierte “en un aparato de control y castigo contra las personas jurídicas sin fines de lucro”.

Según la plataforma de redes de ONG el Ministerio de Gobernación en coordinación con otros entes estatales somete a presión permanente a estas organizaciones.

Para la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG la Ley de “Agentes Extranjeros” legaliza este Estado de Persecución y es autoincriminatoria. Todo lo actuado por las organizaciones y ciudadanía, crítica u opositora, es sujeto de investigación”.