La Asamblea General de la OEA, aprobó la noche del viernes una resolución sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, en la que demandan la liberación de los presos políticos, el cese de detenciones contra líderes religiosos, y persecución a la integridad de los periodistas, entre otros puntos.

El documento insta a la dictadura de Daniel Ortega a que cese toda acción violenta contra la población y que restablezca plenamente los derechos cívicos y políticos. “Ponga fin a la intimidación y el acoso judicial, administrativo y de otro tipo contra los periodistas, especialmente las mujeres periodistas, y contra los medios de comunicación, y las organizaciones no gubernamentales”, detalla la resolución.

También se insta al régimen de Ortega a que cese la represión contra sacerdotes y miembros de la Iglesia Católica, que garantice el derecho a la libertad religiosa en el país y que permita la entrada de organismos internacionales de derechos humanos.

“Conceda acceso pleno y sin obstáculos a su territorio a los organismos internacionales de derechos humanos en un espíritu de transparencia y rendición de cuentas”, demanda la resolución.

Durante las ponencias de cada Estado, el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín, instó a los demás Estados miembros OEA a tomar resoluciones que presionen a la dictadura para que “cambie de rumbo y concluya su manifiesta violación a los derechos humanos”.

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De igual manera, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvo que el régimen de Ortega está yendo en contra de todos los principios de la Carta Democrática de la OEA, “mandando a prisión a sus políticos, cometiendo fraude electoral, atacando y capturando a periodistas y defensores de derechos humanos”.

La canciller de Canadá, Mélanie Joly, afirmó que con sus actos “ha contribuido a una crisis regional de migración.

“En vez de cumplir sus promesas Ortega decidió retirarse la OEA”, criticó, pero a la vez dijo que “incluso fuera de nuestra institución debemos seguir denunciado sus acciones porque no es posible que queden impunes”, detalló Joly.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, hizo un llamado para que la comunidad internacional apoye a su país en la gestión de la migración y expresó su preocupación por la situación de los DD. HH. en Nicaragua.

“Durante los últimos años hemos sido testigos de la persecución, detenciones arbitrarias y encarcelamientos de líderes de oposición, miembros de la Iglesia católica. Observamos la represión contra los medios de prensa y de la sociedad civil, menoscabando el derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación y vulnerando los derechos humanos de su gente. Está situación que se agrava requiere de la atención de nuestra región”, expresó el canciller costarricense.