Eduardo Enríquez, Editor Jefe de La Prensa, ha rechazado la acusación en contra de los colaboradores de ese medio y califica la misma como una “barbarie” el hecho de estar acusando a personas que lo único que hacían era trabajar para llevar el alimento a sus familias. 

“Estas personas ni siquiera han sido opositoras, no son personas que están haciendo algo para tener una propuesta distinta de lo que es la dictadura, son simples ciudadanos que están trabajando y ya hasta eso es pecado, delito.  A mí de verdad me impacta lo que hacen en contra de una persona que simplemente trabaja ganándose la vida, sin ni siquiera representar la mínima amenaza contra la dictadura”, señaló. 

Para la férrea defensora de derechos humanos y presidenta del Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, la acusación del régimen en contra de las cuatro personas trabajadoras de La Prensa, es “una aberración y lo más cruel. Es la prueba más evidente que estamos en un régimen de terror, aquí ya no se puede decir que es una dictadura política, es el terrorismo con manifestaciones que no se habían visto jamás”. 

Agrega que la acusación es parte de la campaña de persecución y destrucción en contra de la libertad de expresión y prensa. “Está enfocado en el odio personal en contra la familia Chamorro y el Diario La Prensa, ésto no tiene nombre”, asegura Núñez de Escorcia quien cuestiona por qué el régimen fue capaz de secuestrar a los conductores que lo único que hacían era movilizar a los equipos periodísticos del medio. 

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Por el supuesto delito del que se les acusa de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” se impone una condena de cárcel que va de 8 a 10 años de prisión. “El régimen ha escogido ese delito para imputarle a todo el mundo y no tienen ninguna razón, ni evidencia, es lo más aberrante porque ninguno de los cuatro trabajadores estaba haciendo actos de conspiración”, refiere la histórica defensora. 

Núñez de Escorcia precisa que el régimen sandinista demuestra que en el país todos los espacios están cerrados y que inclusive hasta las personas tienen miedo de trabajarle a esta empresa u a otra persona porque “me pueden acusar de conspirador, aquí se está criminalizando el derecho al trabajo, propiciando más el desempleo, la pobreza y privando a las familias de su derecho a un nivel de vida adecuado”. 

Un mensaje de castigo

En esa misma línea, Cristopher Mendoza, integrante de Periodista y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) indica que la acusación es una clara “advertencia” para periodistas que “incluso han salido del país, y han anunciado su exilio porque no se puede hacer el periodismo hoy en día en Nicaragua”. 

A su vez considera que el régimen busca que los periodistas se “autocensuren”, pero a su criterio las autoridades están equivocadas pues “el trabajo se va a seguir haciendo, los y las periodistas no tienen miedo, han salido del país para seguir haciendo su trabajo”. 

Por su parte, Yader Valdivia, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, coincide con lo anterior y señala que “esta acusación es una herramienta que tiene el régimen orteguista para castigar al periodismo, a las voces que denuncian en Nicaragua”. 

Este defensor denuncia que inclusive en Nicaragua no existe el derecho a la defensa debido a que “todos los abogados que han querido defender a las personas que son procesados por razones políticas reciben amenazas y se ven obligados a desplazarse antes de ser encarcelados”, como es el caso de los seis profesionales del derecho que actualmente están privados de la libertad.  

Valdivia asevera que sin duda este tipo de acciones más que un mensaje es “un castigo que realiza el régimen al periodismo, no le bastó con confiscar medios de comunicación lo ha venido castigando a todos”.