El miércoles 3 de julio se realizará la audiencia pública del caso Dina Carrión y otros vs. el Estado de Nicaragua, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por la negligencia en la investigación de justicia ante los hechos ocurridos en la muerte de Carrión en 2010.
En este caso, los familiares alegan que no se investigó suficientemente la hipótesis de femicidio y solo se contempló la línea de investigación de muerte por suicidio, a pesar de los indicios que apuntaban a que la muerte de Carrión pudo haber sido motivada por razones de género.
Este sería el primer caso de femicidio en Nicaragua que llega a la CorteIDH. Los organismos nicaragüenses de derechos humanos indican que esto presentará un precedente en la lucha contra la violencia hacia la mujer en Nicaragua. “En este caso ya son 14 años de impunidad, y la familia continúa buscando justicia por el femicidio de Dina Carrión. La impunidad ha sido posible gracias al deterioro del sistema judicial en Nicaragua”, sostuvo el abogado Salvador Marenco del colectivo Nicaragua Nunca Más.
Familia realizó el trabajo del sistema judicial
Marenco aseveró que el inoperante sistema de justicia dejó en manos de la familia de la víctima el trabajo de investigar y reunir pruebas, contratando peritos independientes que evidenciaron la inexactitud investigativa en este caso, que va desde el mal marcaje en la escena del crimen hasta que el arma homicida posiblemente no era la que estaba en la escena del crimen. Los peritos evidenciaron múltiples factores que demostraban que fue una “muerte por violencia de género, una muerte violenta que no fue investigada”. Los dictámenes médicos legales no tomaron en cuenta la historia que la familia reportó a las autoridades policiales y al Ministerio Público, lo que llevó a la familia a incurrir en gastos económicos en su búsqueda de justicia, dijo el abogado en temas de derechos humanos.
Por su parte, Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), manifestó que el caso de Dina Carrión no es un caso aislado a la problemática de violencia que se vivía en el país en ese entonces. En 2009, las comisarías de la mujer registraron unas 30,000 denuncias de violencia contra las mujeres, y en 2010, año en que ocurrió el femicidio de Dina Carrión, las denuncias ascendieron a más de 31,000 casos de violencia.
Flores explicó que en ese tiempo, el 80% de estos casos de violencia eran tipificados como faltas penales y remitidos al Ministerio Público desde las comisarías de la mujer. Ahí empezaba el primer colador de exclusión del sistema, ya que no tenían representación del Estado, sino que se mandaba a las mujeres a los juzgados locales a presentar una acusación y buscar un abogado que las representara, a diferencia de los acusados por este delito que el sistema les aseguraba una defensa. Esto ha significado una carga económica para las familias que se mantiene hasta la fecha, por lo tanto, es una problemática estructural del sistema.
Demanda de mayor investigación en el caso de Dina Carrión
Ambos abogados coinciden en que, a pesar de existir una ley 779 contra la violencia hacia las mujeres, esta normativa fue reformada casi inmediatamente a su publicación, de forma arbitraria, mediante decretos y acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, que no ha garantizado la lucha contra la violencia hacia la mujer, además de perpetuar la impunidad.
Tanto el CENIDH como el Colectivo Nicaragua Nunca Más están solicitando a la Corte Interamericana que se establezcan medidas de reparación, no solo para la familia de Dina, sino además medidas de reparación y no repetición, ya que se está viviendo un contexto de violencia hacia la mujer que debe ser erradicado.
También solicitan que se investigue, enjuicie y sancione al responsable del femicidio de Dina Carrión y a los funcionarios que por años han permitido la impunidad y la violación de derechos humanos en este caso.
Asimismo, piden la creación de un sistema público de monitoreo de muertes violentas de mujeres y no un sistema o reporte que niegue la violencia contra las mujeres, violencia que se sigue manteniendo hasta la fecha, por lo tanto, es una problemática estructural del sistema.
Este caso es fundamental y representativo porque evidencia la problemática estructural para el acceso a la justicia y las debilidades del sistema de administración de justicia en Nicaragua para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, explicó Flores. Aseguró que el Estado de Nicaragua ha estado retrocediendo, lo cual se evidencia con el cierre de 3,727 organizaciones, de las cuales más de 200 eran exclusivas para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres.
Los organismos de derechos humanos han asegurado que en la audiencia seguirán insistiendo, denunciando y pidiendo a la corte el reforzamiento legal y protección a las víctimas de violencia. Por su parte, la familia ha expresado que esperan que la CorteIDH haga justicia en el caso de Dina Carrión y que mande al Estado de Nicaragua a reabrir el caso, ya que este quedó en audiencia inicial. Recordaron que el imputado recurrió a un amparo y la Corte lo resolvió con una conferencia de prensa, sin emitir una resolución escrita.
“No hay una resolución escrita sobre el caso de mi hermana y recordemos que estamos en un Estado dictatorial. Esperamos también que, cuando llegue otro gobierno, nos indemnice moralmente ya que Dina ha sido una víctima del Estado nicaragüense”, dijo Aída Carrión. Asimismo, aseveró que han recorrido todos los procesos legales en tiempo y forma y que merecen saber qué pasó el 3 de abril de 2010.
“Queremos respuestas, por eso hemos recorrido este camino cansado, desgastante y doloroso. ¿Qué pasó esa noche y por qué la mató? ¿Quién es Juan Carlos Siles, que ha comprometido tanto a la justicia de Nicaragua?” enfatizó la hermana de la víctima.
El 3 de abril de 2010, Dina Carrión fue encontrada muerta en el patio de su casa, producto de un impacto de bala en el corazón, en Managua. Lo que al principio se pensaba que era un suicidio luego se convirtió en un largo y doloroso camino en busca de justicia. Este caso ha desafiado al sistema de justicia de Nicaragua y ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dina, al momento de su muerte, se encontraba en proceso de divorcio y tenía la custodia absoluta de su hijo. Los familiares de la víctima aseguran que ella vivía violencia por parte de su expareja, Juan Carlos Siles, y lo acusaron de ser el asesino de Carrión.
