El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo incrementó en el Presupuesto General de la República 2023, los montos financieros al Ejército hasta por 14.6 en comparación con lo asignado en 2022.
Mientras la Policía sandinista recibirá un ampliación de 4 mil 311 millones de córdobas, es decir 263 millones más que en 2022, sin embargo el Ministerio de Educación y Salud tendrán un aumento de 4.8 ciento este año.
La administración de Daniel Ortega justifica los incrementos con el fin de garantizar mayores recursos para la protección y seguridad ciudadana y para la defensa de la soberanía nacional e integridad territorial.
Sin embargo la experta en temas de seguridad ciudadana Elvira Cuadra, sostiene que los niveles de inseguridad se han acrecentado, lo cual evidencia la peligrosidad criminal en el país.
Por su parte el miembro del directorio político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, (UNAB), Héctor Mairena, dice que en el Presupuesto General de la República se distribuyen los recursos de lo que dispone el Estado de acuerdo a las necesidades de la población.
Mairena, asegura que si Nicaragua estuviera bajo un Estado democrático, justo y transparente, daría prioridad a la educación, salud y al bienestar de los nicaragüenses, asignándoles partidas significativas en el Presupuesto General de la República (PGR).
“Estamos ante un régimen encabezado por Daniel Ortega que tiene como prioridad la represión con el fin de perpetuarse en el poder a sangre y fuego” sostuvo el activista opositor.
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El analista dice que el incremento a las partidas presupuestarias del Ejército y la Policía, refleja que la prioridad para Ortega, es la “represión” y no lo es la educación, ni la salud, destacó.
“Esto confirma lo que hemos venido diciendo desde hace meses, que estamos ante un régimen que está institucionalizando un Estado autoritario y policíaco, un Estado de facto”, manifiesta Mairena.
A criterio de Mairena, la Comunidad Internacional debe tomar nota al respecto, “el régimen de Ortega”, prioridad la represión y un estado policiaco”.
Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen secuestrados a más de 220 personas presas políticas, acusadas de traición a la patria y menoscabo a la integridad nacional.
Los opositores a la administración sandinista son perseguidos, vigilados y mientras el Ejército de Nicaragua se ha adiciona a las detenciones arbitrarias de activistas opositores y la Institución castrense es señalada de participar en la represión desde abril de 2018, expresan líderes territoriales de la UNAB.
“Los operativos de represión para imponer el terror y el miedo son caros, mantener el miedo en las calles a las fuerzas antimotines que buscan impedir la mínima expresión ciudadana de protesta, representa millones de córdobas, aseguran activistas opositores.
“Los aumentos en las partidas presupuestarias de estas fuerzas castrenses, representan un premio del régimen, a las instancias que lo mantienen en el poder” dijo un especialista en políticas presupuestarias bajo condición de anonimato.
Los montos financieros destinados a Salud y Educación son inferiores comparados a los de Policía, el Ejército o el Ministerio de Hacienda, que recibirá un incremento del 58 por ciento respecto al año 2022, indicó una fuente.
En el caso de la Asamblea Nacional controlada por el sandinismo recibió este año 2022 725 millones de córdobas. Para 2023 le asignaron 769.1 millones, lo que representa un incremento del 6 por ciento.
Así mismo el presupuesto de mantenimiento vial recibirá un incremento del 6,31 por ciento, muy por debajo del 14.6 por ciento del Ejército y menos que el 6.5 por ciento de la Policía.