Un oficial de policía ecuatoriano acusado del feminicidio de su esposa en septiembre del año pasado, llegó ayer martes a esta capital, luego de ser expulsado desde Colombia en las últimas horas.

El uniformado, identificado como Germán Cáceres, arribó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, en cuya pista fue recibido por el ministro del Interior, Juan Zapata, y el general de policía Manuel Ïñiguez. También estaban presentes policías colombianos y de la Interpol.

En las afueras de ese aeródromo, fue evidente un numeroso contingente policial para trasladarlo a la presencia de los jueces, para reanudar el proceso judicial que estaba suspendido luego de que Cáceres se fugara a mediados de septiembre pasado, días después de presuntamente asesinar a su cónyuge, María Belén Bernal, cuando ésta fue a visitarlo a la escuela policial en que trabajaba.

La abogada quiteña, de 34 años, estuvo desaparecida 10 días desde el 11 de septiembre hasta que la policía encontró su cadáver en un cerro cercano a la escuela policial. El suceso, por el que hay una cadete detenida, conmocionó a los ecuatorianos y provocó una crisis institucional en el cuerpo policial.

Te puede interesar:

https://www.radiodario893.com/feminicidios-desangran-a-mexico-sin-solucion-a-la-vista/

Elizabeth Otavalo, madre de la víctima, en su cuenta de Twitter, dijo que queda en manos de la Fiscalía de Ecuador y la Policía su seguridad e integridad” debe decir todo lo que sabe y ser juzgado con todo el rigor de la ley”. 

Uno de los abogados de la familia de Bernal, Jesús López, en declaraciones a periodistas en el aeropuerto, dijo que “este criminal por fin regresa a rendir cuentas por el atroz crimen que cometió”. 

Cáceres, que era el tercer más buscado de Ecuador, fue localizado y detenido el viernes en una área rural de Palomino, en el departamento de la Guajira, en Colombia, donde trabajaba como cantinero en una cabaña. Luego fue trasladado a Bogotá para cumplir los trámites de expulsión de ese país. 

El gobierno ecuatoriano había ofrecido una recompensa de 20.000 dólares por información que permita la localización del acusado.