La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló la personalidad jurídica de la Universidad Internacional de Integración de América Latina (UNIVAL), con sede en Managua, según consta en el Acuerdo Ministerial 19-2022-OSFL, publicado este miércoles 14 de diciembre por el Ministerio de Gobernación (MIGOB), en La Gaceta, Diario Oficial del Estado de Nicaragua.

Según el documento, la UNIVAL fue inscrita como un Organismo sin Fines de Lucro en el Ministerio de Gobernación el 30 de agosto de 2013, y su cancelación se hizo efectiva este miércoles en acuerdo con el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA).

El régimen de Daniel Ortega ya ha cancelado al menos 18 universidades en los últimos años, entre estas la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), la cual fue bastión de la lucha estudiantil en 2018, además de otras como la Universidad Paulo Freire (UPF), en donde estudiaban varios jóvenes que fueron expulsados de la UNAN Managua por involucrarse en las protestas contra la dictadura.

Argumentos para cancelar la UNIVAL

Según las evaluaciones realizadas por el CNU y CNEA para acordar la cancelación, la UNIVAL “aún no cuenta con una oferta académica consistente en cuanto a sus elementos mínimos que deben poseer los planes de estudio que exige el CNEA y el CNU”, a pesar de que tiene 25 años de haber sido fundada.

De igual manera, la evaluación del CNU señala que no ha autorizado la ejecución de 13 carreras universitarias de pregrado, 27 de grado, 15 especialidades y 29 maestrías internacionales en modalidad virtual que la UNIVAL ha estado ofertando, y las cuales supuestamente no fueron reportadas al CNU.

El documento también señala que “la oferta académica internacional de UNIVAL en varios países, no cuenta con la autorización del CNU. De la oferta virtual que UNIVAL realiza fuera del país, no se obtuvo información acerca de la matrícula de estudiantes, expedientes de titulados por carrera, expedientes de los docentes que atienden las diferentes asignaturas a través de las plataformas académicas, evidenciándose que existen omisiones e inconsistencias de información ante los organismos regulados del país, CNU y CNEA”.

Otros argumentos que utilizó la dictadura para cancelar la personalidad jurídica a este centro de estudios, es que “carece de un sistema que gestione y administre la información académica de la institución”, además de que, “en reiteradas ocasiones se ha negado a brindar información estadística ante las autoridades de regulación del sistema de educación superior (CNU y el CNEA)”.

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Por otro lado, se señala que la UNIVAL ha incumplido con la Ley 1088, Ley de Reconocimiento de Títulos y Grados Académicos de la Educación Superior y Técnico Superior, porque ha establecido cobros arancelarios adicionales al pago por el trámite del título. Según el documento, esta universidad cobraba “como promedio” 470 dólares por los títulos de licenciatura y 505 dólares por los títulos de maestría.