Pese a todos los pronósticos, la Organización de Estados Americanos (OEA), está enfocada en preparar una resolución con el régimen sandinista en Nicaragua. El organismo sesionará entre el 26 y 28 de junio en la capital de Paraguay, Asunción, y exigirá a de Daniel Ortega el cese de las violaciones de derechos humanos en esa nación centroamericana.
En síntesis, el proyecto expone la profunda preocupación por el deterioro continuo de la situación de derechos humanos en Nicaragua desde 2018, fecha en que explotó el descontento social en contra del gobierno sandinista. En el proyecto se mencionan casos específicos como el de al menos 355 muertos y 2.000 heridos durante la protestas reprimidas por policías y paramilitares, así como más de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias por razones políticas.
El proyecto, impulsado por Canadá, pide el “fin inmediato” de la impunidad de las instituciones estatales. Y cuenta con el respaldo de las siguientes naciones: Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Estados Unidos y Uruguay.
“Migración forzada”
El proyecto igualmente destaca que se observa el desplazamiento de más de 270.000 nicaragüenses, muchos obligados al exilio.
“Observando además el desplazamiento de más de 270.000 nicaragüenses que han buscado asilo en todo el mundo; profundamente preocupados por la supresión de espacios cívicos mediante la cancelación de más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil; alarmado también por la privación de la nacionalidad y de derechos políticos de más de 300 personas, y al menos 54 medios de comunicación cerrados o confiscados y más de 250 periodistas obligados a exiliarse”, explica el documento impulsado por Canadá.
Cabe recordar que, desde abril se 2023, el Consejo Permanente de la OEA aprobó por aclamación la resolución “Seguimiento de la situación en Nicaragua”.
Dicha resolución que cuenta con siete capítulos, establece la creación de un grupo de trabajo voluntario para dar seguimiento cercano a la evolución de la situación en Nicaragua. Asimismo, se insta al gobierno de Daniel Ortega a iniciar un diálogo de alto nivel que incluya su reincorporación como miembro activo de la Organización, así como el restablecimiento de las instituciones democráticas.
Esa resolución exige a la vez restablecer el ejercicio de los derechos de las personas privadas, incluyendo la privación de su derecho a la nacionalidad, entrar o salir de Nicaragua, otra artimaña que ha usado Ortega y Murillo para castigar a los opositores, entre ellos, civiles y religiosos católicos.
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En el contexto de la iglesia evangélica, también exigen a Ortega “abstenerse de reprimir y detener arbitrariamente a líderes de la iglesia evangélica, y proporcionar información sobre la salud física y psicológica de los 11 líderes religiosos de “Puerta de la Montaña”, quienes se encuentran recluidos en instalaciones de máxima seguridad”.
En tanto, con respecto a Brasil, México y Colombia, se espera que sus gobiernos fijen posición sobre el proyecto cuando esté más cerca la fecha de la Asamblea General de la OEA, explicó el medio Infobae.
Dato: En el proyecto se considera crear mecanismos que faciliten aplicar sanciones políticas y morales a las dictaduras regionales. Y pesar de todo esto, el régimen de Nicaragua ha hecho caso omiso a las resoluciones de los organismos multilaterales sin que haya repercusiones.
