Un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge, Gran Bretaña, desmitifica la propaganda sandinista que promueve a Nicaragua como “el país más seguro de Centroamérica”. Al contrario: lo cataloga como un narcoestado.

La investigación se denomina “Desmontando el mito del excepcionalismo nicaragüense: Crimen, drogas y economía política de la violencia en un narcoestado”.

Falsedad del discurso al descubierto

Los investigadores sobre el narcoestado son Julienne Weegel, profesor asistente de Estudios Latinoamericanos, de la Universidad de Amsterdam; Dennis Rodgers, Centro sobre Conflictos, Desarrollo y Consolidación de la Paz (CCDP), Instituto de Graduados en Estudios Internacionales y Estudios de Desarrollo, Ginebra, y José Luis Rocha, Investigador Asociado, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, San Salvador.

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“Nicaragua es presentada con frecuencia por la dictadura sandinista como una excepción dentro del panorama de violencia criminal en Centro América, mostrándose como el país más seguro de la región debido a sus particulares ‘legados revolucionarios’.

La ausencia de pandillas y organizaciones narcotraficantes transnacionales, y la representación de la Policía Nacional como una fuerza eficiente y profesional”, manifiestan en la primera parte de la investigacion sobre el narcoestado.

“Este comentario propone una lectura alternativa de la economía política contemporánea de la violencia en Nicaragua para revelar la naturaleza profundamente mentirosa de esta visión predominante”, dice.

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En particular, el estudio destaca cómo Nicaragua es gobernada a través de un acuerdo político particular sustentado por el narcotráfico, la corrupción policial y judicial, así como por una “mafia de estado”.

“Estos factores convergen para establecer un ‘narcoestado’ altamente eficiente y enraizado cuyo desmantelamiento es poco probable en el corto plazo”, esboza la investigación.

Las supuestas incautaciones de dinero del narcotráfico son frecuentes, rara vez hay capturados, solo aparece el dinero, sostienen los investigadores.

Acuerdo de drogas entre Gobierno y narcos (narcoestado)

Tras el análisis de datos oficiales, entrevistas a analistas, expertos y comparación de datos regionales, los escritores analizan que el bajo impacto del narcotráfico en la delincuencia y la seguridad, es producto de la connivencia entre funcionarios del Estado y narcotraficantes, y la falta de restricciones a los poderes del gobierno para manejar las relaciones con las organizaciones del crimen internacional. Loque lo convierte en un narcoestado.

“Sostienen que el estallido de brutalidad estatal de abril de 2018 está íntimamente relacionado con la culminación de un proceso de captura del Estado por parte de la élite nicaragüense, realizado mediante una serie de acuerdos de cogobierno entre el Estado, los grupos empresariales, políticos y criminales, que han pasado en gran medida desapercibidos precisamente debido al énfasis en la putativa seguridad “excepcional” del país”, mantienen.

“Basándonos en una serie de fuentes secundarias, así como en algunas de nuestras propias investigaciones llevadas a cabo durante las últimas tres décadas sobre una serie de cuestiones relacionadas con la violencia callejera y el narcotráfico, sostenemos que el mito del excepcionalismo nicaragüense ha ocultado la realidad de la aparición de un acuerdo político particular en el país, que en este comentario denominamos “acuerdo de drogas”- entre el Estado y los narcotraficantes”, siendo un narcoestado.

“Ese acuerdo configura el uso de la violencia, la corrupción y las técnicas de gobernanza del Estado sobre el terreno de una manera que da la apariencia externa de paz, pero que en realidad está cargada de tensión y violencia”, establece la investigación.

Los investigadores explican sus argumentos sobre el narcoestado en cuatro secciones

La primera comienza cuestionando la fijación académica y política en las tasas de homicidio como indicadores o incluso predictores de la violencia y el crimen (organizado), la segunda es la caracterización predominante de la policía del país como “altamente eficiente”, ambas utilizadas a menudo para alimentar el mito del excepcionalismo de Nicaragua o narcoestado.

La tercera sección, a continuación, caracteriza el panorama nicaragüense de actores políticos y criminales violentos durante las últimas tres décadas tal y como lo analizan los investigadores, a través de tres secciones que exploran respectivamente la naturaleza del crimen y el narcotráfico en Nicaragua, la corrupción policial y judicial y, por último, los procesos de captura del Estado y la gobernanza del “Estado mafioso”.

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Los autores cuestionan la fiabilidad de las estadísticas oficiales sobre delincuencia y subrayan la necesidad de comprender mejor la delincuencia en Nicaragua.

La policía ha sido pieza vital de la represión política de la dictadura Ortega-Murillo.

Ellos sostienen que los niveles de delincuencia violenta y organizada en Nicaragua no sólo son más elevados, sino también más complejos de lo que generalmente se piensa, y que el país se caracteriza por un importante tráfico de drogas al amparo del poder político.

La investigación sobre el narcoestado también sugiere que los bajos índices oficiales de homicidios del país no demuestran que las instituciones de seguridad nicaragüenses sean más eficaces o profesionales que otras de la región, sino que, al controlar el negocio de las drogas, negocian con los carteles para evitar la violencia interna que usualmente generan las disputas de rutas entre los carteles.

A criterio de los investigadores, las estadísticas oficiales de criminalidad y violencia en Nicaragua no son fiables ni creíbles, sino que sugieren que estas tasas pueden estar manipuladas o malinterpretadas a propósito.

Para ellos, el tan alabado “modelo” comunitario de la Policía nicaragüense tiene un carácter mucho más simbólico y performativo que sustantivo, “y es en gran medida una proyección discursiva” del régimen sandinista.

FSLN: la organización designada para el negocio

Los investigadores sobre el narcoestado determinan que el negocio de la droga se ha asignado principalmente como esfera económica a la dirección del FSLN, partido en el poder y en control de todas las instancias estatales, incluyendo la policía y el ejército.

Y aclaran, que no es un tema nuevo en esa organización política, ya que en 2010 la filtración de documentos de las agencias de seguridad de Estados Unidos, reveló que el narcotráfico financiaba campañas del FSLN a cambio de liberar drogas y personas involucradas en casos judiciales.

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“En 2010, las revelaciones de Wikileaks sugirieron que el FSLN recibía regularmente dinero “de narcotraficantes internacionales” para financiar “campañas electorales, normalmente a cambio de ordenar a los jueces sandinistas que dejaran libres a los traficantes capturados por la policía y el ejército”.

El documento sobre el narcoestado destaca el papel del Estado en la facilitación del tráfico de drogas y su connivencia con los actores del crimen organizado de varias maneras, al punto que el Consejo Supremo Electoral otorgaba cédulas de identidad nicaragüense a narcotraficantes.

No hay violencia por los permisos otorgados

Ellos revelan que el narcotráfico en Nicaragua se ha vuelto menos violento no porque el Estado sea más eficiente, sino más bien porque los vínculos entre el Estado y el narcotráfico son quizá más estrechos que en otros lugares, hasta el punto de que es plausible caracterizar a Nicaragua como un “Estado tramposo”, mejor conocido como narcoestado.

“Ciertamente, se dice ampliamente -y las acciones de la judicatura nicaragüense nombrada por el gobierno así lo corroboran,  que en el contexto del acuerdo político más amplio entre las élites y la división del pastel económico del país, el negocio de la droga se ha asignado principalmente como esfera económica a la dirección del FSLN, que se estaba resistiendo, por así decirlo, a controlar principalmente actividades menos lucrativas como los medios de comunicación y la infraestructura de las zonas francas”, revela el estudio.

“Esto permitió que el pacto de élite nicaragüense continuará sin ser cuestionado, pero efectivamente también significa que el Estado nicaragüense contemporáneo se ha convertido no sólo en un Estado oligárquico sino también en un Estado mafioso, en el que sus activos de capital, incluido el tráfico de drogas, se han dividido entre un conjunto limitado de actores de élite que controla el Estado, y cuya actividad económica se ha organizado colectivamente con el fin de minimizar las pérdidas y las perturbaciones, por ejemplo, debido a la violencia social y/o política”, dice el estudio.

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El ejército es otra herramienta del régimen para la represión y para los negocios.

Por último, la investigación concluye que las autoridades nicaragüenses moldean eficazmente los contornos e incluso los contenidos del mercado de la droga (en términos de qué drogas se venden) mediante la corrupción generalizada y las intervenciones selectivas de alta violencia.

La investigación no menciona específicamente qué carteles o mafias operan en Nicaragua

Sin embargo, se sugiere que hay una presencia significativa de tráfico de drogas y se menciona la transformación de pandillas en organizaciones de tráfico de drogas o “cartelitos”.

El documento sobre el narcoestado sugiere que, aunque el enfoque principal de la discusión es la colusión policial, no hay duda de que el ejército nicaragüense también está fuertemente involucrado en dicho comportamiento.

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Sin embargo, no se proporcionan detalles específicos sobre el papel exacto que desempeñan las fuerzas armadas en la situación de inseguridad en Nicaragua.