El ex magistrado de la CSJ y exiliado nicaragüense Rafael Solís ha sido contundente al defender su idea de optar por la “vía armada” para sacar del poder a Daniel Ortega y Rosario Murillo, que desde 2006 se afincaron en su régimen autoritario, aunque está claro que la mayoría de los sectores de oposición rechazan esa opción por las consecuencias que esto traería.
Solís asegura que “nadie” quiere a Murillo, pero que Daniel está empujando hacia esa vía armada porque no hay ninguna otra opción para librarse de ellos, pese a que las repercusiones de su “sugerencia” significasen muerte y destrucción, situación que pone en jaque la decisión popular, ya que la historia ha demostrado que a lo largo del tiempo las guerras civiles han dejado una estela de dolor y luto en los nicaragüenses, y la más reciente data de 2018, cuando más de 300 civiles murieron en las protestas reprimidas por Ortega y Murillo a manos de policías y paramilitares, obligando al exilio a miles de connacionales; en tanto, las reacciones a esta opción no se hicieron esperar y son más quienes la rechazan que quienes la aprueban y la tildan “como medida extrema”.
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Según el ex magistrado, no habrá negociación ya que Rosario Murillo será la sucesora en caso de que Ortega falleciera, “y ella no va a querer dejar el poder”, agregó. Incluso, afirmó que el Ejército de Nicaragua “la respaldará”.
“Es una vía que implica ver si los jóvenes la asumen”, explicó al añadir que la vía principal de alguna negociación que pudo darse por medio de Humberto Ortega, ya no es una opción factible. Recordemos que el general en retiro y hermano de Ortega brindó una entrevista explosiva al medio Infobae, en la que alegó que en caso de que Daniel Ortega falleciera, “no habría un suplente” y que la participación del ejército sería vital para encausar la democracia en Nicaragua, pues “Rosario Murillo era un cero a la izquierda”, insinuó el ex jefe del ejército, cuya vivienda en Managua fue allanada y le confiscaron sus equipos electrónicos y se le impuso “casa por cárcel” después de sus declaraciones, mismas que tuvieron repercusiones inmediatas en allegados a Humberto como su traductora estadounidense, quien fue desterrada a su país de origen, así como las confiscaciones de propiedades de la ex guerrillera Mónica Baltodano. Esta última manifestó que tenía contacto con el hermano de Daniel.
Con todo y esto, de acuerdo con Solís, existen otras alternativas, pero según él sería más lento el proceso como la vía judicial para demandar ante las cortes internacionales a Daniel Ortega, opción que recientemente presentada por el excanciller Norman Caldera, no obstante, el ex magistrado considera que eso tomaría de cinco a quince años.
Cabe recordar que, Solís abandonó el cargo y envió a la Asamblea Nacional una carta de renuncia en enero de 2019, y desde su exilio afirmó que “está arrepentido” por haber aprobado en la CSJ, la reelección indefinida con la que Ortega se perpetró en el poder.
“Excanciller nicaragüense considera que solo existe una salida para Nicaragua: la justicia internacional”
En Nicaragua “se violan todos los derechos humanos de forma escandalosa” y Daniel Ortega “no está dispuesto a dialogar” con los que piden un cambio, según expresó el excanciller nicaragüense Norman Caldera, que viajó este miércoles 29 de mayo a España para conocer las iniciativas que se impulsan desde este país en materia de justicia internacional.
Para el ex diplomático, “la única salida que le queda a Nicaragua es la justicia internacional”, señaló Caldera quien vive exiliado en EEUU.
Aclaró también al medio EFE, que el motivo de su viaje a España no fue sólo para ofrecer su punto de vista en la Jornada sobre Crímenes Internacionales en la que participa, sino también “escuchar a los abogados españoles que están buscando salidas al sufrimiento de seis millones de nicaragüenses”. Además, lamentó “la saña” con la que el Gobierno de Daniel Ortega está llevando a cabo “matanzas, desapariciones, confiscaciones, detenciones ilegales y persecuciones”.
“La lucha contra la dictadura de los Somoza”
La lucha contra la dictadura de los Somoza, que ya había comenzado a finales de los años 1950 se intensifica significativamente en 1978 a raíz del asesinato del director del diario La Prensa Pedro Joaquín Chamorro, -cuya estatua fue recientemente removida en Managua por autoridades sandinistas-. Y en marzo de 1979 se firma el acuerdo de unidad por parte de los representantes de las tres fracciones sandinistas y se decide impulsar la lucha. En junio se hace el llamamiento a la “Ofensiva Final” y a la huelga general y el 20 de julio de 1979 las columnas guerrilleras del FSLN entran en Managua con un amplio respaldo popular, consumando la derrota de Anastasio Somoza Debayle.
A este proceso de le conoció también como la Revolución Sandinista, y fue el proceso ocurrido en Nicaragua entre julio de 1979 hasta febrero de 1990, protagonizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (llamado así en memoria de Augusto César Sandino) que puso fin a la dictadura de la familia Somoza.
Los Sandinistas fueron acusados de graves abusos contra los derechos humanos durante el conflicto (financiado por EEUU a través de los Contras) que incluían torturas, desapariciones y ejecuciones masivas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigó y confirmó los abusos cometidos por las fuerzas sandinistas, incluida una ejecución de 35 a 40 Miskitos en diciembre de 1981, y una ejecución de 75 personas en noviembre de 1984. Así, el 8 de junio de 2006, en vísperas del período electoral para las elecciones a la presidencia del gobierno nicaragüense, el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, presentó una denuncia contra ex-dirigentes sandinistas que tuvieron responsabilidades en el periodo de gobierno revolucionario, entre ellos Daniel Ortega (reelecto en el 2006 como presidente), ante la Fiscalía General de la República de Nicaragua. Las acusaciones son por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra indígenas misquitos. Los hechos presuntamente ocurrieron entre 1981 y 1982 y fueron denunciados a la CPDH en el 2005, y hasta la fecha la denuncia sigue sin prosperar.
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Dato: Entre los años 1972 y 1991 se estima que en Nicaragua hubo unas 65.000 muertes, 35.000 de ellas durante la lucha contra el somocismo (25.000 civiles y 10.000 combatientes) y 30.000 durante el periodo de gobierno del FSLN por el conflicto abierto con los contras, y se tiende a responsabilizar a Anastasio Somoza Debayle por las muertes, especialmente las sucedidas durante su dictadura.
