El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan la ola de secuestros a opositores nicaragüenses, con el propósito de mantener miedo en la población y un estado policíaco, dice la activista opositora, Ivania Álvarez.
Desde el exilio informó que como parte de la represión ejercida por Ortega, la Policía secuestró la mañana de este jueves, con lujo de violencia a la joven activista de Managua, Guisella Ortega, quien ha sido asediada desde abril 2018.
“La detención ilegal de la activista se dio en su casa de habitación ubicada en el barrio San Judas de Managua, cuando cuidaba a su bebe, que quedó en manos de un sobrino dado que no había nadie más en casa”, dijo Álvarez.
La también excarcelada política dijo que la familia de Guisella Ortega, le confirmó la información y autorizó su publicación en la prensa digital de Nicaragua.
Cabe mencionar que esta semana Ortega ordenó el secuestró del economista y académico, Oscar René Vargas, cuando se dirigía a visitar a una hermana enferma en su casa en Managua y la familia del analista aún no saben de su paradero.
Vargas emigró en el 2018 por amenazas de la administración sandinista y luego retornó a Nicaragua por puntos ciegos desde del lugar donde se refugiaba siguió elaborando sus escritos sobre la situación sociopolítica de Nicaragua.
Por su parte los familiares de personas presas políticas denunciaron la agudización de tratos crueles y degradantes de los carceleros de las penitenciarías de Ortega y la extensión de los arbitrarios métodos de tortura hacia sus parientes.
“Ortega lo que quiere es terminar cualquier expresión de protestas cívicas en las calles y por eso ha desplegado a los agentes antimotines en las ciudades, prohíbe las procesiones religiosas y sigue secuestrando a opositores, “porque sabe que el pueblo está descontento con su régimen”, dice Diego Barberena de la UNAB.
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“Otro hecho que evidencia que Ortega y Murillo están profundizando la represión y consolidando un estado policíaco, es el despido de más de cincuenta docentes y personal administrativo de la UNAN, León, que no estaban de acuerdo con asignación de tareas políticos partidarias”.
Organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos mediante sus informes han condenado los despidos arbitrarios y tratos crueles a las personas presas políticas de Ortega –Murillo y han demandado su libertad inmediata.