Dictadura ignora audiencia pública de la Corte Interamericana

Representantes de los pueblos Rama y Kriol estuvieron en una audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en donde expusieron denuncias y demandas interpuestas ante el Estado de Nicaragua, sobre las violaciones a sus derechos y la falta de reconocimiento, titulación y demarcación de sus territorios.

De igual manera, los pueblos Rama y Kriol insistieron en la necesidad de derogar la Ley 800 y Ley 840, que es la norma para construir el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, un megaproyecto que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha prometido desde hace varios años y que no pudo ser financiado.

En la audiencia pública de esta mañana, correspondiente al 155 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte IDH, se abordó el caso titulado “Pueblos Rama y Kriol, Comunidad de Monkey Point y Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields y sus miembros Vs. Nicaragua”.

Los representantes de los pueblos indígenas fueron Dolene Patricia Miller, lideresa de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields (CNCIB); Rupert Allen Clair Duncan, del Gobierno Territorial Kriol; y Becky McCray Urbina, de la comunidad Ramaki.

Los demandantes replantearon las repercusiones y amenazas que se derivaron del proyecto del gran Canal, mientras que la representación de la dictadura de Daniel Ortega, nuevamente se ausentó a la sesión.

De igual manera, los demandantes expusieron la situación de inseguridad, invasión y violencia que viven las comunidades indígenas por parte de colonos invasores.

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Por su parte, Miller denunció que el Estado de Nicaragua “no ha tenido la voluntad” para continuar con la etapa de saneamiento de los territorios indígenas, y sugirió que, para iniciar con este proceso, es necesario derogar la Ley 800, Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de creación de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.

Según Miller, esta ley “afecta todo el proceso de la demarcación territorial de los pueblos indígenas y afrodescendientes”. De igual manera, demandó que se restituyan los derechos de la población afrodescendiente Kriol de Bluefields, así como su certificación, que fue violada por el Consejo Regional Autónomo del Caribe Sur cuando certificó a un gobierno paralelo, sin la aprobación de ninguna Asamblea Territorial, y autorizó al Estado de Nicaragua realizar el megaproyecto del Gran Canal.

Por su parte, Clair Duncan, solicitó a la Corte derogar también la Ley 840, Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio, y el Convenio de Consentimiento, lo cual le permitiría arrendar 263 kilómetros cuadrado del territorio de las comunidades indígenas por tiempo indefinido a favor de la Comisión del megaproyecto del régimen de Ortega.