La Fiscalía de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) solicitará la pena máxima de prisión para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado, acusado de ser pieza clave en una vasta conspiración de tráfico de cocaína. Este lunes, los fiscales adjuntos Kyle Wirshba, Jacob Gutwillig, Elinor Tarlow y David Robles presentarán una petición formal para imponer una cadena perpetua al exmandatario, que gobernó Honduras entre 2014 y 2022.

La petición será enviada al juez Kevin Castel, quien tendrá la última palabra sobre la sentencia de Hernández el próximo miércoles 26 de junio. Además de la condena de cadena perpetua, los fiscales solicitarán una multa millonaria para el exgobernante, marcando un hito en el combate a la corrupción y el narcotráfico en la región.

A lo largo del proceso judicial, los fiscales han sostenido una firme tesis: “Juan Orlando Hernández es un narcotraficante. Es un narcotraficante a gran escala”. Esta afirmación subraya la gravedad de las acusaciones, que incluyen la conspiración para importar cocaína a EE.UU. y el uso de ametralladoras y dispositivos destructivos para promover dicha conspiración. La Fiscalía argumenta que una sentencia de cadena perpetua enviaría un mensaje claro y contundente a otros implicados en actividades similares, demostrando que el tráfico de cocaína, la violencia y la corrupción no serán tolerados en EE.UU., sin importar quién sea el autor.

Factores determinantes

El juez Kevin Castel deberá considerar varios factores establecidos en el Código Penal estadounidense al determinar la sentencia. Estos incluyen la naturaleza y circunstancias del delito, la historia y características del acusado, la necesidad de reflejar la gravedad del delito, promover el respeto a la ley, y establecer un castigo justo. Además, se evaluará la necesidad de proteger al público de futuros delitos y proporcionar al acusado la capacitación educativa o vocacional y atención médica necesaria.

En marzo, Hernández, de 55 años, fue declarado culpable de tres cargos: conspiración para importar cocaína a EE.UU., que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una máxima de cadena perpetua; uso y porte de ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración, con una pena consecutiva obligatoria de 30 años; y conspiración para usar y portar ametralladoras, también con una pena máxima de cadena perpetua.

La defensa de Hernández

Por su parte, el equipo de abogados de Hernández, liderado por Renato Stabile, solicitó una pena mínima de 40 años de reclusión, insistiendo en la inocencia de su cliente. “Este Tribunal sostiene que su sentencia debe limitarse a la sentencia mínima obligatoria legal que este tribunal debe imponer, que es de 10 años por el cargo uno y 30 años por el cargo dos, por una pena total combinada de 40 años de prisión. Hernández tiene 55 años, por lo que una sentencia de 40 años equivale a cadena perpetua para el Sr. Hernández”, afirmó Stabile.

El abogado argumentó que las pruebas presentadas en el juicio fueron débiles y basadas en testimonios de narcotraficantes con incentivos para testificar en contra de Hernández a cambio de reducciones en sus propias condenas. Según Stabile, no hubo evidencia directa que demostrara que Hernández recibió dinero de traficantes de drogas o brindó protección a estos, ni registros financieros, ni evidencia de reuniones específicas o mensajes incriminatorios.

En una carta de 30 páginas presentada como parte de su defensa, Hernández aseveró que fue acusado injusta e indebidamente y que es objeto de un linchamiento judicial. “Soy inocente, no culpable de lo que me han acusado en este juicio. Fui acusado y condenado de manera injusta e indebidamente”, indicó. Hernández insistió en que es víctima de una venganza y una conspiración por parte de grupos del crimen organizado. Hernández también recordó que durante su mandato, Honduras se convirtió en un puente principal para el tráfico de drogas, lo que generó una ola de violencia sin precedentes. Criticó a las autoridades hondureñas y a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por no haber abordado adecuadamente el problema durante esos años.

Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, en una entrevista exclusiva concedida al diario El Heraldo, aseguró que Hernández recibirá una sentencia de cadena perpetua, prediciendo que el juez Castel impondrá una condena severa debido a la magnitud de la conspiración en la que estuvo involucrado el expresidente. Vigil afirmó que el juicio y la evidencia presentada demuestran claramente el rol de Hernández como líder de una conspiración que convirtió a Honduras en un narcoestado.

El desenlace de este caso enviará un mensaje poderoso a otros líderes políticos en América Latina sobre las consecuencias de involucrarse en el narcotráfico y la corrupción. Con la sentencia próxima a ser dictada, la comunidad internacional observa de cerca, anticipando un veredicto que podría marcar un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en la región.