El continuo deterioro de los derechos humanos persiste de manera sistemática en Nicaragua, bajo la dictadura de Ortega y Murillo, según el más reciente informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el marco de la 54 Asamblea General 2024, cuya sesión se realiza en Paraguay.
Según el informe presentado en dicha sesión, existe una profunda preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, que se mantiene desde 2018. “Caracterizada por la persistencia de la impunidad de las agencias estatales en el caso de al menos 355 víctimas fatales y 2,000 heridas, así como más de 2,000 denuncias por detención arbitraria fundada en motivos políticos, como lo señala el último comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 18 de abril de 2024”, según el documento de la OEA.
En esta misma exposición se reflejó la preocupación por el desplazamiento de más de 270,000 nicaragüenses, quienes han buscado asilo globalmente, movidos por la necesidad de proteger su vida y libertad. Desde 2018, en Nicaragua se han cancelado más de 3,000 organizaciones, entre las que se encuentran instituciones religiosas como la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas.
El despojo de nacionalidad ha sido condenado por los organismos de derechos humanos. En el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, del 29 de febrero de 2024, se detalla que a más de 300 nicaragüenses se les ha despojado de su nacionalidad y derechos políticos, lo que en muchos casos se ha sumado a la confiscación de sus bienes, la negación de derechos económicos y sociales, y la eliminación de sus identidades del registro civil. También se indica que unos 54 medios de comunicación están cerrados o confiscados y más de 250 periodistas han sido forzados a exiliarse.
Los informes de los organismos internacionales sobre la situación de Nicaragua dan cuenta de la constante impunidad en los casos de violaciones graves de derechos humanos, las cuales pudieran constituir crímenes de lesa humanidad. La persecución, los encarcelamientos, asesinatos, torturas y violaciones son algunos de los crímenes que reportó el GIEI Nicaragua en su Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, de diciembre de 2018, y el informe del GHREN de marzo de 2023 (A/HRC/52/CRP.5), creado por A/HRC/RES/49/3 el 31 de marzo de 2022. También se refleja que, lejos de avanzar hacia la investigación de estas violaciones, la situación ha devenido en la intensificación de la persecución en contra de las víctimas o sus familiares.
Los organismos de derechos humanos reiteran su preocupación por la indefensión en que se encuentran las personas frente al Estado, principalmente las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familias. La represión contra las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe fue otro de los puntos abordados, principalmente las que se registraron en las elecciones regionales que se realizaron el 3 de marzo de 2024, las cuales se realizaron sin condiciones, cerrando espacios cívicos y con detenciones ilegales de líderes indígenas como Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez.
En la 54 Asamblea General, el Consejo Permanente, la Secretaría General y los Estados miembros de la OEA recordaron que esta organización se comprometió a apoyar a Nicaragua en el restablecimiento democrático de las instituciones y la protección de los derechos humanos, desde que inició la crisis en 2018.
Exiliados y sociedad civil presentes en la OEA
En esta reunión hubo representación de la sociedad civil nicaragüense, entre exiliados y desterrados por la dictadura sandinista en Nicaragua. Una de las comitivas fue encabezada por la exrea política Tamara Dávila, quien expresó que su presencia es para seguir abogando por la democratización de este país centroamericano.
“Seguimos denunciando que los nicaragüenses viven en un país por cárcel. Estamos hablando de la magnitud del sufrimiento de los que están viviendo en Nicaragua y estamos aquí porque estamos en exilio porque Daniel Ortega y Rosario Murillo no le permiten al pueblo nicaragüense vivir en libertad y vivir según la dignidad humana”, reiteró Dávila.
De igual manera, aseguró que están tratando de incidir con los embajadores y la sociedad civil del continente americano para la liberación de los 141 presos políticos, de sus condiciones inhumanas y la desaparición de al menos tres presos de conciencia. Subrayó que, aunque Nicaragua no sea parte de la OEA, este país sigue existiendo al menos territorialmente en este continente, y en el marco legal de la OEA, Nicaragua no desaparece.
“Hemos estado hablando con los distintos embajadores y no podemos olvidar lo que está pasando en Nicaragua porque está teniendo repercusión en los que están dentro y fuera del país. Daniel Ortega y Rosario Murillo son una dictadura que no para, pero tampoco nosotros desde el exilio vamos a parar de seguir denunciando la criminalidad de esta pareja”, finalizó la denunciante.
