En los últimos meses, Nicaragua ha emergido como un punto de tránsito crucial en la compleja red de migración irregular que fluye hacia los Estados Unidos. Revelaciones recientes arrojan luz sobre la magnitud y la naturaleza de este fenómeno, evidenciando una trama compleja tejida entre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, empresas de transporte aéreo y migrantes desesperados por alcanzar un nuevo horizonte.
Un informe del organismo internacional Diálogo Interamericano ha revelado que entre julio de 2023 y enero de 2024, un total de 1,145 vuelos chárter, con capacidad para al menos 150 pasajeros, llegaron a Managua. Estas aeronaves, cargadas con migrantes procedentes principalmente de regiones como Puerto Príncipe (Haití), La Habana (Cuba), Curazao, Caracas (Venezuela), Casablanca (Marruecos) y Zanderij (Surinam), se dirigían hacia la frontera entre México y Estados Unidos.
Este flujo constante de vuelos no solo pone de relieve la escala del problema, sino también la presunta complicidad del régimen nicaragüense en facilitar esta migración irregular. Los datos revelan un promedio diario de 798.8 migrantes que pasaron por Managua durante esos siete meses, lo que subraya la intensidad del fenómeno y su impacto en la región.
Las acusaciones de Estados Unidos contra el gobierno de Ortega y Murillo no han tardado en surgir. Eric Jacobstein, subsecretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental, ha expresado la preocupación de Washington por el papel del régimen en este negocio ilícito. Se alega que el gobierno nicaragüense está aprovechando la desesperación de los migrantes para obtener beneficios financieros, cobrando un “derecho de pase” de USD 150 dólares por persona y permitiendo su tránsito a través del país sin sellar pasaportes ni dejar rastros claros.
La preocupación internacional se ha agudizado con el reciente descubrimiento de tres vuelos chárter procedentes de Medio Oriente, operados por la aerolínea Ghadames. Estos vuelos, cuyo destino final se presume que era Estados Unidos, han intensificado las alarmas sobre la creciente implicación de Nicaragua en la migración irregular.
La respuesta de Estados Unidos ha sido firme. Se han emitido alertas a aerolíneas y operadores de vuelos charter, instándolos a abstenerse de facilitar la migración irregular y advirtiendo de posibles sanciones contra aquellos que incumplan estas directrices. El Departamento de Estado ha adoptado medidas para restringir visas a ejecutivos de compañías de vuelos chárter que colaboran en este negocio, mientras se intensifica la presión sobre las empresas que continúan operando en Nicaragua.
El negocio con la migración no solo representa una flagrante violación de los derechos humanos y una explotación de la vulnerabilidad de los migrantes, sino también una amenaza para la seguridad y la estabilidad regional. El enriquecimiento ilícito a expensas de los más necesitados socava los principios fundamentales de justicia y solidaridad.
En medio de estas revelaciones, se hace evidente la necesidad de una acción coordinada a nivel internacional para abordar este problema de manera integral. La migración debe ser gestionada de manera humanitaria y justa, garantizando la protección de los derechos de todos los individuos involucrados y abordando las causas subyacentes de este fenómeno global.
En última instancia, el caso de Nicaragua destaca la urgente necesidad de una respuesta política y diplomática concertada para abordar las complejas dinámicas de la migración en el siglo XXI. La cooperación entre países, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la promoción de soluciones sostenibles son esenciales para enfrentar este desafío con éxito y proteger los derechos y la dignidad de todos los migrantes.
