En un intento por enfrentar la creciente represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los nicaragüenses exiliados -y la situación de otros sistemas autoritarios de la región-, Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) está evaluando la creación de un visado especial destinado a defensores de derechos humanos y activistas democráticos. La medida surge en respuesta a las tácticas transnacionales de represión implementadas por el gobierno nicaragüense, que incluyen persecuciones, amenazas y la negación sistemática de documentos esenciales para los exiliados y sus familias.
Enrique Roig, subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, destacó durante un evento paralelo a la 54 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Paraguay este martes 25 de junio de 2024, la intensificación de las estrategias represivas de Ortega-Murillo más allá de las fronteras nicaragüenses. Según Roig, el informe del Departamento de Estado de 2023 documentó casos de persecución sistemática a familiares de exiliados en Nicaragua, con el objetivo de forzar el retorno de los opositores y enfrentarlos a la represión interna.
Ángela Buitrago, del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), subrayó que estas violaciones no se limitan al territorio nacional, sino que también afectan a los nicaragüenses en Costa Rica, Estados Unidos, España, Colombia y Alemania. Buitrago denunció la práctica de la apatridia, donde el régimen nicaragüense priva a sus ciudadanos de documentos cruciales como pasaportes y certificados de nacimiento, dificultando su vida en el exilio y borrando su identidad legal.
El defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, alertó sobre el incremento de detenciones arbitrarias y vigilancia a exiliados desde 2022, evidenciando un patrón de represión extendido y sistemático. Enrique Sáenz, investigador de la Fundación Puentes para el Desarrollo, afectado personalmente por las políticas del gobierno, lamentó la confiscación de propiedades y cuentas bancarias, así como el robo de pensiones y cotizaciones de jubilación de los exiliados.
El debate sobre la implementación de un nuevo visado surge en un contexto donde la comunidad internacional busca respuestas coordinadas frente a la represión transnacional. Roig enfatizó la necesidad de simplificar los procedimientos burocráticos para facilitar la llegada y protección de los exiliados que enfrentan persecución política en sus países de origen. Este visado especial podría proporcionar un marco legal más sólido para proteger a aquellos que se encuentran en riesgo fuera de Nicaragua y que buscan refugio en Estados Unidos y otros países receptores.
La propuesta de visado para defensores de derechos humanos y actores democráticos representa un paso hacia adelante en la respuesta internacional frente a las violaciones de derechos humanos por parte de la administración Ortega-Murillo. Sin embargo, su implementación requerirá el respaldo político y la cooperación internacional para garantizar que los exiliados nicaragüenses y sus familias reciban la protección necesaria y la oportunidad de reconstruir sus vidas en seguridad.
