El Ministerio Público controlado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo utilizará a simpatizantes sandinistas y agentes de Policía como testigos en el juicio que se llevará a cabo en contra del obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.

El abogado y extrabajador del Poder Judicial, Yader Morazán, reveló que en el Sistema de Gestión Judicial (Nicarao) se detalla que la jueza Segundo de Distrito Penal de Juicio, Nadia Camila Tardencilla, puso en la lista de testigos cuatro peritos y tres comisionados de la Policía, además de otras nueve personas identificadas como simpatizantes sandinistas.

“Las generales o la información de los testigos, los peritos o las partes involucradas en el proceso aparecen en las solicitudes que hacen los fiscales o en el expediente mismo. No puedo decir que ya los citaron porque esa información aún no la recibo, pero grabarlos en el sistema, ya lo podés ver como un acto de organización de juicios. Lo que queda es esperar”, explicó Morazán.

En la audiencia inicial conta monseñor Álvarez celebrada el pasado 10 de enero, el obispo fue remitido a juicio oral y público, pero todavía se desconoce cuándo se llevará a cabo. En la misma causa se encuentra acusado el sacerdote de Sébaco, Uriel Antonio Vallejos, quien tuvo que salir del país después de que la dictadura girara orden de captura en su contra.

Algunos de los testigos que usará la dictadura contra monseñor Álvarez son Elba Mariana Rayo, a quien Morazán identificó como trabajadora de oficialista Radio Insurrección “que opera dentro del departamental del FSLN, desde donde se dirigió la represión de abril del 2018” en Matagalpa, denunció el abogado.

Otra de las testigos es Gabriela Alejandra Rayo Castro. “Es casada con el sobrino del jefe de los paramilitares de Matagalpa (Lalo Soza). Toda la familia se jacta de sus acciones a favor del régimen criminal”, indicó Morazán.

De igual manera, el abogado identificó a Emiliano Antonio Pérez Castro quien es hermano del excomosionado policial Marvin Pérez, y quien fue nombrado por la dictadura de Ortega como delegado del Ministerio de Transporte en Matagalpa.

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Por otro lado, la jueza Nadia Tardencilla inició las diligencias para organizar el juicio en contra de los sacerdotes y un laico que estuvieron encerrados por 15 días con monseñor Rolando Álvarez en la Curia Episcopal de Matagalpa antes de ser llevados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Nuevo Chipote, en Managua.

En este caso, la jueza puso en la lista de testigo a cuatro agentes policiales del Chipote, dos peritos y otras siete personas. Los acusados son los sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios, José Luis Díaz, el diácono Raúl Vega, los seminaristas Darwin Leiva y Melkin Centeno, además del laico Sergio Cárdenas, camarógrafo de TV Merced.