El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado su campaña contra las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en Nicaragua, alcanzando un nuevo hito con la cancelación de 15 entidades adicionales el pasado martes 11 de junio. Con estas clausuras, el número total de organizaciones cerradas desde el inicio de la represión en 2018 supera las 3,700. Esta medida ha afectado a una amplia gama de instituciones, incluidas asociaciones, fundaciones y universidades.

Motivos oficiales y contexto

Las recientes cancelaciones fueron justificadas por el Ministerio del Interior (MINT) a través de dos acuerdos ministeriales: el 27-2004 OSFL y el 28-2004 OSFL. De las 15 organizaciones clausuradas, cuatro fueron disueltas “voluntariamente” y 11 fueron cerradas por “incumplimiento de sus obligaciones de ley”. Según el MINT, estas organizaciones no habían presentado sus estados financieros ni actualizado la constitución de sus juntas directivas en periodos prolongados. Estos acuerdos fueron publicados en el La Gaceta – Diario Oficial, el 11 de junio de 2024.

El caso del Instituto Tecnológico Victoria

Entre las organizaciones afectadas, destaca el Instituto Tecnológico Victoria (ITV), una institución de educación superior sin fines de lucro vinculada a la Compañía Cervecera de Nicaragua. El ITV había estado operando con autorización del Consejo Nacional de Universidades (CNU) desde 2013, ofreciendo programas técnicos en Mantenimiento Industrial, Electrónica Industrial, Tecnologías de Alimentos y Administración de Empresas. Sin embargo, el Ministerio del Interior alegó que el ITV había “obstaculizado el control y vigilancia” al no reportar adecuadamente sus estados financieros y donaciones, y al no promover la transparencia en la administración de sus fondos.

La Fundación Victoria, una entidad relacionada que otorgaba becas a jóvenes de escasos recursos para estudiar en el ITV, también fue cancelada en diciembre de 2023, agravando la situación de los estudiantes que dependían de estas becas para continuar su educación.

Reubicación de estudiantes y traspaso de bienes

El acuerdo ministerial establece que los directivos del ITV deben entregar toda la documentación académica al CNU, incluyendo expedientes de estudiantes y docentes, matrículas y calificaciones. El CNU se encargará de reubicar a los estudiantes matriculados en otras instituciones para garantizar la continuidad de su educación.

En cuanto a los bienes de las organizaciones clausuradas, estos serán transferidos al Estado. La Procuraduría General de la República es la encargada de realizar el traspaso de los bienes muebles e inmuebles, consolidando aún más el control estatal sobre los recursos anteriormente manejados por las ONG.

Además del ITV, otras diez organizaciones fueron cerradas por “incumplimiento de la ley”. Estas son:

– Fundación para la Promoción del Consumo Responsable y Estilos de Vida Sanos
– Fundación Hedwig y Robert Samuel
– Asociación sin Fines de Lucro Germán Rodríguez
– Fundación de Familias en Apoyo a Personas con el Trastorno del Espectro Autista (Azul Esperanza)
– Asociación Departamental de Canotaje León
– Asociación de Ganaderos de Villa Sandino
– Asociación Departamental de Tiro con Arco Managua
– Asociación Ministerio Evangelístico Luz a los Pueblos
– Asociación Diriomeña de Deportes
– Cámara de Productores de Musáceas del Sur

Cuatro organizaciones más solicitaron su disolución voluntaria:

– Asociación para el Desarrollo Campesino y Artesanos El Bonete
– Fundación San Antonio de Monte Tabor
– Fundación Alas de Vida
– Asociación Comunidad Cristiana para el Desarrollo de Nicaragua

Desde las protestas masivas de abril de 2018, Nicaragua ha estado inmersa en una profunda crisis política y social. Las protestas inicialmente fueron una respuesta a las reformas del sistema de seguridad social, pero rápidamente se ampliaron a una demanda generalizada de democratización y respeto a los derechos humanos. La respuesta del régimen de Ortega ha sido una campaña sostenida de represión, que incluye el cierre de organizaciones civiles, la encarcelación de opositores políticos y la censura de medios de comunicación independientes.

La situación se agravó con las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo, en un proceso ampliamente criticado por la comunidad internacional debido a la detención y expulsión de sus principales rivales políticos. Los opositores fueron acusados de “golpistas” y “traición a la patria”, privándoles de su nacionalidad y derechos políticos.

El régimen justifica estas acciones como parte de un proceso de “ordenamiento” y asegura que muchas de las ONG cerradas utilizaban fondos de donaciones para actividades políticas contra el gobierno. No obstante, estas afirmaciones son cuestionadas por múltiples organismos internacionales y defensores de derechos humanos, quienes argumentan que estas medidas buscan silenciar a la sociedad civil y eliminar cualquier forma de disidencia.

Diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han respaldado las acciones del gobierno, afirmando que las ONG disueltas estaban involucradas en actividades subversivas. Sin embargo, para muchos nicaragüenses y observadores internacionales, estas medidas representan una erosión continua de las libertades y derechos en el país.

El cierre de 15 organizaciones sin fines de lucro el 11 de junio de 2024 es el último capítulo en la larga serie de acciones represivas del régimen de Ortega-Murillo. Con más de 3,700 ONG clausuradas desde 2018, el gobierno de Nicaragua ha consolidado un control casi absoluto sobre la sociedad civil, limitando gravemente el espacio para la participación ciudadana y la crítica política. La comunidad internacional continúa observando con preocupación el deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país, mientras el régimen sigue justificando sus acciones en nombre de la seguridad y el orden nacional.