El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha generado controversia una vez más con el reciente nombramiento de Iván Acosta como Ministro Asesor del Presidente de la República ante Organismos Internacionales, según lo oficializó el Acuerdo Presidencial No. 104-2024 publicado en La Gaceta – Diario Oficial. Este movimiento estratégico sigue a la “renuncia” de Acosta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un cambio de posición que algunos observadores ven como una forma de mantener su influencia económica bajo la dictadura, a pesar de estar sancionado por la administración de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) desde el año 2020.
Acosta, quien fue forzado a dejar su cargo anterior debido a presuntos desvíos de fondos y tensiones con altos funcionarios del régimen, enfrentó un allanamiento policial tanto en su oficina como en su residencia. A pesar de las acusaciones, Acosta ha negado cualquier implicación en actividades ilícitas y ha sido reintegrado a su domicilio tras un breve periodo de detención en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida localmente como El Chipote.
El nombramiento de Acosta como asesor presidencial resalta en un contexto de crecientes críticas internacionales sobre la corrupción en Nicaragua. Según informes de Transparencia Internacional, el país ha sido catalogado como el más corrupto de Centroamérica y uno de los más corruptos del continente americano. Las denuncias de corrupción han alcanzado diversos niveles del gobierno nicaragüense, incluyendo acusaciones de malversación de fondos y nepotismo.
Además, el reemplazo de Acosta en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine, un individuo sin formación en economía, ha suscitado preocupaciones adicionales sobre la gestión económica del país. Gallardo ha sido designado como gobernador ante varias instituciones financieras internacionales, lo que subraya la importancia estratégica de estos roles en el contexto de las políticas económicas del gobierno de Ortega.
El régimen de Ortega ha enfrentado críticas por su manejo opaco de la economía nacional y las acusaciones de enriquecimiento personal a costa del erario público. La asignación de roles clave como el de Acosta como asesor presidencial parece indicar un intento por parte del gobierno de mantener el control sobre las narrativas económicas internacionales, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otras naciones debido a sus prácticas antidemocráticas y de derechos humanos.
En conclusión, el ascenso de Iván Acosta a su nuevo cargo como Ministro Asesor del Presidente de la República ante Organismos Internacionales refleja no solo las dinámicas internas de poder dentro del régimen de Ortega, sino también las continuas tensiones y críticas en torno a la transparencia y la legitimidad del gobierno nicaragüense. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue vigilante ante los desarrollos en Nicaragua, observando de cerca cómo estos cambios afectarán tanto la estabilidad interna como las relaciones exteriores del país centroamericano.
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