Más de 7 sacerdotes detenidos, un obispo bajo custodia en su vivienda, constantes actos de represión, medios de comunicación católicos cerrados y hostigamiento a su labor, llevaron a al menos a 50 sacerdotes de Nicaragua a solicitar refugio en Honduras y Costa Rica, informó el medio digital El Heraldo.

El obispo de la Diócesis de Danlí, El Paraíso, Honduras, José Canales dijo que esta comunidad de sacerdotes ha denunciado un rechazo rotundo de parte del actual régimen de Nicaragua, encabezado por el dictador Daniel Ortega.

“Ellos nos han expresado estar en contra de las situaciones de injusticia e irrespeto de los derechos humanos en su país”, expresó Canales.

Según una recopilación sistematizada de las agresiones en contra de la iglesia católica durante las protestas antigubernamentales en Nicaragua elaborado por la abogada Martha Patricia Molina, sobresalen desde el 2018 las pintas en las paredes y mensajes anónimos en templos católicos.

Agresiones, amenazas y exilios a sacerdotes, obispos y laicos católicos, son obstáculos a Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) de la Iglesia Católica, mensajes orales agresivos contra sacerdotes y religiosos (Presidente Daniel Ortega y Vicepresidente Rosario Murillo), profanaciones de templos, robos, y actualmente destierros y detenciones a religiosos.

Según el clérigo de Honduras, hasta el momento, de las 50 peticiones que han expresado los sacerdotes para escapar de Nicaragua, una ya fue hecha y entregada formalmente a la Diócesis de Danlí.

De acuerdo al religioso del vecino país, la razón principal por la cual están siendo perseguidos se debe a no compartir los mismos ideales de Ortega, a tal punto de abrir un expediente contra los grupos religiosos que critiquen o se opongan de forma pública a la estructura establecida por el actual Gobierno.
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 “Nosotros estamos disponibles para recibir a aquellos sacerdotes que en circunstancias extremas tengan que salir de Nicaragua. De esta forma puedan integrarse a la vida de la iglesia en El Paraíso”, agregó.

“Serían 50 agresiones más que se sumarán a la lista de arbitrariedades y delitos cometidos por la dictadura Ortega-Murillo en contra de la iglesia católica”, afirma la abogada Molina.

También indicó que ni siquiera cuando una persona nacional comete un delito puede ser extraditada, sin embargo, los sacerdotes han optado por salir del país porque sus vidas están en grave peligro y en este caso se les vulnera todos sus derechos humanos y el Estado quien es el encargado de brindarles protección jurídica es el que está asediándoles y persiguiéndoles, alega.

Desde inicios de las protestas de abril 2018, la iglesia católica en Nicaragua fue una de las primeras instituciones que mediante múltiples acciones demostró el apoyo a estudiantes y manifestantes. Los sacerdotes abrieron las puertas de los templos, proporcionaron espacios de diálogo, hicieron varios llamados a la paz y cese de hostilidades, promovieron jornadas de oración, atendieron a heridos, brindaron compañía a familiares de ciudadanos asesinados, secuestrados, presos políticos entre otros, cada uno de estos actos son consideradas acciones golpistas para el régimen de Ortega.