El legislador José Chic, miembro del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), presentó el jueves 19 de junio una denuncia contra el expresidente Alejandro Giammattei. La acusación surge tras la revelación de supuestas irregularidades durante su administración, particularmente en el uso indebido de los recursos del Estado destinados a la seguridad personal.
Durante una conferencia de prensa en el Congreso de la República, Chic expuso que Giammattei asignó vehículos y agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad (SAAS) a personas ajenas al Ejecutivo, entre ellos Miguel Martínez, exjefe del polémico Centro de Gobierno. La SAAS, creada para resguardar a funcionarios y altos mandos del gobierno, habría sido utilizada para brindar protección a individuos que no desempeñaban funciones públicas, un claro desvío de sus recursos y responsabilidades.
La SAAS y la promesa incumplida
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la contradicción entre las promesas de campaña de Giammattei y sus acciones como presidente. Giammattei había asegurado que eliminaría la SAAS, organismo constantemente señalado por su opacidad y manejo irregular de fondos. Sin embargo, en lugar de disolverla, su administración la usó para otorgar privilegios a exfuncionarios y personas sin cargo público.
El caso de Miguel Martínez es emblemático. Según Chic, Martínez, quien dirigió el Centro de Gobierno hasta su disolución en diciembre de 2020, recibió protección de la SAAS durante los cuatro años de la gestión de Giammattei. La protección se extendió incluso después de la eliminación de su oficina, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y la ética de estas acciones.
Detalles de la protección
Los registros de la SAAS, presentados por Chic, muestran que Martínez tuvo asignados agentes de seguridad y vehículos en diferentes períodos del mandato de Giammattei. Desde enero de 2020 hasta enero de 2024, Martínez contó con un grupo variable de agentes y un vehículo “colero” para su resguardo, un lujo reservado generalmente para altos funcionarios en ejercicio.
• Del 14 de enero al 22 de julio de 2020: 3 agentes y un vehículo.
• Del 23 de julio de 2020 al 14 de agosto de 2022: 4 agentes y un vehículo.
• Del 15 de agosto de 2022 al 3 de diciembre de 2023: 3 agentes y un vehículo.
• El 4 de diciembre de 2023: 3 agentes y un vehículo.
• El 14 de enero de 2024: 3 agentes y un vehículo.
Beneficiarios irregulares
Además de Martínez, otros individuos también habrían recibido protección de manera irregular. Chic menciona a Poll Anria, un supuesto exasesor presidencial de origen panameño, quien no aparece en ninguna planilla oficial pero habría contado con la seguridad de la SAAS. Este tipo de asignaciones cuestiona el manejo de la secretaría y evidencia un posible abuso de autoridad y peculado por uso, delitos por los cuales también se señala al exsecretario de la SAAS, Héctor Alvarado.
La denuncia se complica aún más debido a la falta de transparencia en la contratación y asignación de personal de la SAAS. Chic revela que, de aproximadamente 900 personas contratadas, solo se tiene información clara de entre 200 y 250 trabajadores. La ausencia de documentación sobre análisis de riesgos o informes que justifiquen la protección otorgada subraya la opacidad y posible malversación de recursos.
Chic enfatizó la necesidad de que las autoridades judiciales actúen con rapidez y eficacia para esclarecer estas acusaciones y determinar responsabilidades. La denuncia ya ha sido presentada a la Dirección de Gestión Penal del Organismo Judicial, y se espera que el caso sea investigado a fondo para disipar el clima de impunidad que persiste en el país.
