En un acto que refuerza la ya extendida represión de la administración nicaragüense contra las voces disidentes, más de 20 líderes de congregaciones evangélicas enfrentan multas arbitrarias que ascienden a más de 20,000 córdobas. Martha Patricia Molina, abogada y destacada investigadora, ha denunciado que estas sanciones, impuestas por el Ministerio del Interior (MINT), son parte de una estrategia del régimen de Daniel Ortega para silenciar a quienes no se alinean con su política autoritaria.
Según Molina, las multas son injustificadas y carecen de fundamento legal, lo que ha generado una ola de preocupación entre los líderes evangélicos. “Los amenazaron con abrir expedientes penales si no procedían con el pago. Es una actitud más arbitraria de la dictadura sandinista en contra de la libertad religiosa, únicamente porque estos pastores no se han formado o alineado a las orientaciones del régimen”, afirmó Molina.
Amenazas de confiscación y cierre de iglesias
Los pastores, enfrentados a una situación crítica, solicitaron explicaciones al MINT sobre las multas, pero fueron silenciados con más amenazas. “A los pastores no se les dio la oportunidad de apelar la decisión; se les ordenó cancelar los recibos el mismo día, bajo la amenaza de que sus iglesias serían confiscadas y ya no podrían celebrar cultos”, explicó Molina.
La investigadora ha resaltado que la represalia contra los evangélicos responde a que muchos de estos líderes religiosos no están de acuerdo con las decisiones del régimen Ortega-Murillo. Esta nueva ofensiva sigue a una serie de hostigamientos previos, incluyendo la imposición del impuesto sobre bienes inmuebles el año pasado, con el mismo fin de coaccionar y someter a los líderes religiosos.
Continuación de la persecución a la iglesia católica
La persecución religiosa en Nicaragua no se limita a las iglesias evangélicas. Los líderes de la iglesia católica también enfrentan un hostigamiento constante. Las iglesias permanecen bajo vigilancia de la policía, paramilitares y miembros del Consejo del Poder Ciudadano (CPC), con el objetivo de silenciar y amedrentar a los sacerdotes. Muchos de ellos han sido forzados al exilio debido a la presión insostenible y el temor a ser encarcelados.
Desde diciembre de 2023, 11 misioneros y dos abogados de la organización evangélica “Puerta de la Montaña” están encarcelados por supuesto lavado de dinero, lo que evidencia la severidad de la represión. Molina señala que el régimen utiliza estas acusaciones fabricadas como un pretexto para justificar sus acciones y mantener el control sobre las actividades religiosas en el país centroamericano.
La comunidad evangélica ha mostrado una notable resistencia ante estas medidas represivas. Más de 20 denominaciones religiosas han tenido que pagar las multas de inmediato para evitar la confiscación de sus propiedades y el cierre de sus templos. Esto ha generado indignación entre los pastores y sus congregaciones, quienes ven en estas acciones una violación directa a su libertad religiosa y un intento de coartar su derecho a la práctica de su fe.
“Esto es parte de la persecución y represión de la dictadura sandinista contra la libertad religiosa. Los pastores quedan sin salida porque si se niegan a pagar, sus iglesias serán confiscadas y los fieles evangélicos ya no tendrán un espacio físico donde reunirse”, subrayó Molina.
Molina ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que esté atenta a la situación en Nicaragua y comprenda que no existe normalidad en el país. La abogada e investigadora considera crucial que los laicos asuman el rol de denuncia para mantener informada a la comunidad internacional sobre las violaciones a los derechos humanos y la libertad religiosa que están ocurriendo.
El silencio de los líderes religiosos, impuesto tanto por el régimen como por órdenes desde el Vaticano, ha dejado un vacío en la voz de la resistencia religiosa en Nicaragua. Este silencio se ejemplifica en el caso del obispo desterrado Rolando Álvarez, quien, tras ser forzado al exilio, ha cesado sus denuncias públicas contra las injusticias del régimen.
La situación en Nicaragua refleja una clara violación a la libertad de culto y un ataque sistemático a las iglesias que no se alinean con las políticas del régimen Ortega-Murillo. La comunidad religiosa enfrenta una encrucijada: pagar las injustas multas o enfrentar la confiscación de sus propiedades y el cierre de sus lugares de culto. La resistencia y el llamado a la comunidad internacional son cruciales en este momento para defender los derechos y las libertades fundamentales en Nicaragua.
