En un clima de creciente represión religiosa, Nicaragua se enfrenta a una nueva controversia internacional tras la detención de once pastores de la organización cristiana sin fines de lucro, Mountain Gateway. Esta situación ha captado la atención del embajador especial de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) para la libertad religiosa, Rashad Hussain, quien ha pedido la liberación inmediata de estos líderes religiosos.
Mountain Gateway, fundada por la alabamiana Britt Hancock, ha operado durante años en Nicaragua, dedicándose a difundir la palabra de Dios, capacitar pastores, construir iglesias y participar en esfuerzos de ayuda en todo el país. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, ha endurecido su postura contra las organizaciones religiosas desde 2018, percibiéndolas como una amenaza a su autoritarismo.
En 2023, Mountain Gateway celebró una serie de eventos masivos que congregaron a cientos de miles de personas. Poco después, los pastores fueron detenidos y acusados de blanqueo de dinero y crimen organizado, aunque no se presentó ninguna documentación oficial y los detenidos no han podido contactar a sus familias. El 19 de marzo de 2024, estos líderes religiosos fueron sentenciados a entre 12 y 15 años de prisión y se les impuso una multa descomunal de 80 millones de dólares por persona.
Rashad Hussain, en una declaración el pasado viernes, urgió a la liberación inmediata e incondicional de los detenidos y al respeto de la libertad religiosa en Nicaragua. La situación se agrava con la amenaza de arresto que pesa sobre el propio Hancock y su familia, incrementando la preocupación internacional sobre la persecución religiosa en el país centroamericano.
El presidente internacional de Mountain Gateway, John Britton Hancock, ha rechazado vehementemente las acusaciones contra los miembros de su organización, calificándolas de infundadas. En una entrevista con el diario nicaragüense La Prensa, Hancock reveló que, según fuentes del Departamento de Estado de EE.UU., cerca de cien pastores evangélicos están detenidos en Nicaragua, en condiciones de oscuridad informativa similar a las que enfrentan los pastores de Mountain Gateway.
La presión económica sobre las iglesias evangélicas en Nicaragua ha sido otro mecanismo de represión utilizado por el régimen Ortega-Murillo. La abogada Martha Patricia Molina, autora del informe “Nicaragua, ¿una iglesia perseguida?”, denunció recientemente que pastores y miembros de diversas iglesias evangélicas han sido objeto de multas exorbitantes por parte del Ministerio del Interior (MINT). Según Molina, estas multas ascienden a 20 mil córdobas y se imponen sin justificación clara, con amenazas de confiscación de propiedades y procesos penales si no se pagan de inmediato. El 11 de junio, más de veinte pastores se vieron obligados a acudir a las oficinas de la Dirección General de Ingresos (DGI) para pagar estas multas bajo la amenaza de cierre de sus iglesias y confiscación de sus bienes.
La comunidad internacional ha respondido con una coalición de 65 congresistas estadounidenses que han solicitado la liberación de los prisioneros, lo que ha llevado al presidente Joseph Biden a aumentar las sanciones contra Nicaragua. A pesar de la intensificación de las sanciones y la creciente presión diplomática, la situación de los dos abogados arrestados junto con los pastores de Mountain Gateway sigue siendo incierta, sin que se haya revelado el estado de sus casos.
Este panorama de represión religiosa en Nicaragua es un reflejo del deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales bajo el régimen de Ortega. La situación de Mountain Gateway no solo subraya la persecución a organizaciones religiosas, sino que también expone las tácticas de intimidación y control ejercidas por el gobierno nicaragüense contra cualquier entidad percibida como una amenaza a su poder. La comunidad internacional, liderada por voces como la de Rashad Hussain, sigue vigilante y activa en sus esfuerzos por defender la libertad religiosa y los derechos humanos en Nicaragua.
