Nicaragua cumplió el 18 de abril cuatro años de crisis sociopolítica bajo una ola de arrestos, allanamientos y persecución a opositores al gobierno de Ortega que lleva más de 15 años consecutivos en el poder bajo señalamientos de fraudes electorales.
Nicaragua se quedará sin organizaciones defensoras de derechos humanos establecidas legalmente. La última que quedaba en pie —la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua –CPDH — será cancelada esta semana por la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo.
La entidad fue una de las que registró las graves denuncias contra el Estado en las protestas antigubernamentales del año 2018, no obstante tiempo después comenzó a ser asediada por la Policía Nacional, de hecho una de sus abogadas, María Oviedo, se encuentra en prisión bajo el supuesto delito de “conspiración”.
El inevitable cierre de la Comisión Permanente de Derechos Humanos es catalogado como “una barbaridad” por otros expertos en la materia, como la abogada nicaragüense Yonarqui Martínez que ha trabajado en la liberación de los presos políticos.
