Este viernes 31 de mayo de 2024, las viviendas de Ernesto Solís Castillo, hijo del exmagistrado Rafael Solís, y la casa de su madre, Rafaela Cerda, amanecieron rodeadas por la Policía Nacional de Nicaragua, bajo las órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según han confirmado varias fuentes a este medio. Dicho operativo se produce tras las recientes declaraciones de Solís en medios independientes, incluido Darío Medios Internacional, donde respaldó una “lucha armada” como la única salida a la dictadura de Ortega y Murillo.
En una breve conversación telefónica, el exmagistrado confirmó la presencia policial en las residencias de su madre y su hijo, pero declinó ofrecer más detalles o entrevistas por el momento. Esta situación se agrava en el contexto de las recientes confiscaciones a su familia. Solís informó que, además de él, su madre de 93 años, su hermana Ana Isabel Solís, y su sobrino Aldo Rapaccioli Solís, también han sido afectados. Sus propiedades, tanto viviendas como negocios, han sido tomadas por agentes de la Policía Nacional.
La confiscación de propiedades ha sido un tema recurrente en las declaraciones de Solís. En días anteriores, mencionó que el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) había anunciado la creación de una escuela de hotelería en San Juan del Sur, en la propiedad de su madre, Rafaela Cerda. Este acto se percibe como un intento de despojar a la familia Solís de sus bienes y coartar sus voces críticas contra el régimen.
Rafael Solís desde su exilio en Costa Rica
Desde su exilio en Costa Rica, donde reside desde 2019, Rafael Solís ha defendido abiertamente la opción armada para derrocar a Ortega y Murillo, aunque esta postura es rechazada por la mayoría de la oposición nicaragüense debido a las posibles consecuencias devastadoras. Solís argumenta que la resistencia armada es la única vía efectiva ante la intransigencia del régimen, señalando que ni Ortega ni Murillo estarían dispuestos a dejar el poder por medios pacíficos.
La historia reciente de Nicaragua recuerda los trágicos eventos de 2018, cuando más de 300 civiles murieron en protestas reprimidas por la administración orteguista, lo que obligó a miles a exiliarse. Esta perspectiva hace que la sugerencia de Solís sea vista como extrema por muchos, incluyendo a miembros de la oposición que prefieren explorar alternativas no violentas.
Uno de los puntos clave en las declaraciones de Solís es su escepticismo sobre las negociaciones. Según él, en caso de la muerte de Ortega, Rosario Murillo sería su sucesora y no cedería el poder, respaldada por el Ejército de Nicaragua. Esta dinámica complica aún más cualquier posible transición pacífica.
En este contexto, se presentan otras alternativas para enfrentar al régimen, aunque según Solís, serían procesos más largos. Una de estas opciones es la vía judicial, demandando a Ortega ante cortes internacionales. Esta propuesta ha sido apoyada por el excanciller nicaragüense Norman Caldera, quien aboga por la justicia internacional como la única salida viable para Nicaragua. Sin embargo, Solís considera que este proceso podría llevar entre cinco y quince años, un tiempo que muchos nicaragüenses consideran demasiado largo dado el sufrimiento actual.
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Norman Caldera, exiliado en Estados Unidos, viajó recientemente a España para participar en la Jornada sobre Crímenes Internacionales y discutir posibles soluciones legales con abogados españoles. En sus declaraciones, Caldera subrayó las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega, incluyendo matanzas, desapariciones, confiscaciones, detenciones ilegales y persecuciones.
La represión y las confiscaciones recientes rememoran la lucha histórica contra la dictadura de los Somoza, que culminó con la Revolución Sandinista en 1979. Este proceso, liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), puso fin a la dictadura de la familia Somoza, aunque no sin dejar una estela de violaciones a los derechos humanos y conflictos armados.
Entre 1972 y 1991, se estima que en Nicaragua murieron unas 65.000 personas, 35.000 de ellas durante la lucha contra el somocismo y 30.000 durante el conflicto con los contras bajo el gobierno del FSLN. Estos eventos históricos subrayan la complejidad y la dolorosa realidad de optar por vías armadas para resolver conflictos políticos en Nicaragua.
