En un contexto de crecientes desafíos transnacionales y demandas por el respeto a los derechos humanos, las relaciones entre Nicaragua y Honduras han sido objeto de atención mediática y diplomática en las últimas semanas. Autoridades militares de ambos países se reunieron recientemente en la capital nicaragüense, mientras que la situación de derechos humanos en Nicaragua fue objeto de una ferviente carta enviada esta semana por la Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde (CDN-Monteverde) a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

En un esfuerzo por fortalecer la cooperación en seguridad, altos mandos militares de Nicaragua y el Ministerio de Defensa de Honduras se reunieron en Managua. Este encuentro, que según el Ejército nicaragüense tenía como objetivo coordinar acciones para enfrentar amenazas transnacionales en sus fronteras, se desarrolló en un clima de colaboración y compromiso mutuo. A pesar de la falta de detalles específicos en la declaración oficial, la reunión abordó temas críticos de la agenda bilateral centrados en la seguridad, estabilidad y tranquilidad de las poblaciones de ambas naciones.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de las operaciones coordinadas “Sandino–Morazán” y la “Aeronaval Soberanía Caribe y Pacífico Norte”. Estas iniciativas han sido fundamentales para mejorar las condiciones de seguridad en las zonas fronterizas y enfrentar las amenazas transnacionales en fronteras y aguas jurisdiccionales. Las operaciones conjuntas han permitido una respuesta más efectiva a desafíos como el tráfico de drogas, la migración irregular y otras actividades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad regional.

Por parte del Ejército de Nicaragua, estuvieron presentes figuras clave como el general de Ejército Julio César Avilés Castillo, los mayores generales Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz y Marvin Elías Corrales Rodríguez, el general de brigada Leonel José Gutiérrez López y el contralmirante Ángel Eugenio Fonseca Donaire. Honduras, por su parte, estuvo representada por el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, y el jefe de la Fuerza Naval, contralmirante Autacil Hagarin Tome Flores.

Ambas partes reafirmaron su firme decisión de continuar ampliando y fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación, subrayando la importancia de la colaboración en materia de seguridad para el bienestar de sus ciudadanos.

En paralelo a la cooperación militar, la Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde (CDN-Monteverde) ha intensificado sus esfuerzos para poner en la agenda regional la situación de los derechos humanos en Nicaragua. En una carta dirigida a Xiomara Castro, presidenta pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la CDN-Monteverde expresó su profunda preocupación por las violaciones a los derechos humanos y la situación de los presos políticos en Nicaragua.

La misiva, que también fue enviada a los demás presidentes del istmo centroamericano, insta al gobierno de Daniel Ortega a cesar las violaciones de derechos y a respetar el Estado de Derecho. La organización llamó a las autoridades nicaragüenses a respetar la integridad de los detenidos por razones políticas y a apegarse a las resoluciones de organismos internacionales defensores de derechos humanos.

El comunicado de la CDN-Monteverde subraya la necesidad de que los miembros del SICA se alineen con las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para urgir a la administración nicaragüense a poner fin a las violaciones de derechos humanos y adoptar medidas efectivas para restaurar las instituciones democráticas. Entre las demandas se incluye la restitución de los derechos de las personas privadas de libertad por razones políticas o religiosas, la eliminación de la privación de la nacionalidad y el derecho a entrar o salir del país, y el fin de la impunidad para las instituciones y actores estatales que cometen graves violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, la carta insta al régimen de Ortega a permitir la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su mecanismo de seguimiento, así como de otros órganos competentes, para evaluar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el país y la región.