El martes 04 de junio de 2024, el presidente Joe Biden emitió acciones ejecutivas destinadas a endurecer significativamente las políticas de asilo y reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos. Esta medida, según la administración Biden, es una respuesta necesaria ante la inacción del Congreso en relación con la reforma del sistema de inmigración.
Desde su llegada al cargo, Biden ha insistido en la necesidad de una reforma integral del sistema de inmigración de Estados Unidos, apelando repetidamente al Congreso para que actúe en esta materia. Sin embargo, la falta de consenso legislativo ha llevado al presidente a tomar medidas unilaterales. En los últimos tres años, la administración ha desplegado un número récord de agentes y oficiales en la frontera, ha incautado cantidades sin precedentes de fentanilo en los puertos de entrada y ha trabajado con líderes internacionales para gestionar patrones migratorios cambiantes.
A principios de 2024, Biden logró un acuerdo bipartidista histórico con demócratas y republicanos del Senado para implementar reformas significativas en las leyes de inmigración. Este acuerdo proponía aumentar el personal fronterizo, invertir en tecnología para detectar fentanilo ilegal, reformar el sistema de asilo y otorgar autoridad de emergencia al presidente para cerrar la frontera en situaciones críticas. No obstante, el Congreso, influenciado por la oposición de los republicanos alentada por Donald Trump, votó en contra de estas reformas. A continuación, se presentan las claves para entender este nuevo decreto y las implicaciones de las medidas ejecutivas anunciadas.
Suspensión del asilo
El decreto de Biden suspende las solicitudes de asilo para migrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur, basándose en las secciones 212(f) y 215(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta suspensión se activará cuando el promedio de cruces ilegales supere los 2,500 diarios durante una semana. Según las autoridades, este umbral ya se ha alcanzado recientemente.
Repatriaciones y deportaciones aceleradas
Los migrantes detenidos serán sujetos a deportación acelerada, con prohibiciones de reingreso de cinco años y posibles procesos penales. Las entrevistas de asilo serán realizadas bajo estándares más estrictos. Excepciones incluyen a niños no acompañados, víctimas de trata y personas con emergencias médicas graves.
Fortalecimiento de la seguridad fronteriza
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha intensificado la vigilancia en la frontera sur, incrementando los vuelos de repatriación y enviando más agentes. En el último año, más de 750,000 personas han sido deportadas o devueltas, una cifra que supera la de cualquier otro año fiscal desde 2010.
Combate al tráfico de personas
La administración Biden-Harris ha lanzado la iniciativa “Recompensas contra el contrabando” para desmantelar organizaciones de tráfico de personas. Además, se están imponiendo restricciones de visa a ejecutivos y funcionarios gubernamentales involucrados en el tráfico de migrantes.
Implicaciones legales
Estas acciones ejecutivas probablemente enfrentarán desafíos legales, similares a los que enfrentó la administración Trump al intentar cambios drásticos en el sistema de inmigración. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ya ha anunciado que impugnará estas políticas en los tribunales.
El decreto ha generado diversas reacciones. Biden ha sido acompañado por líderes locales y estatales de zonas fronterizas, buscando mostrar un frente unido. Sin embargo, se espera una fuerte oposición de progresistas y defensores de los derechos de los inmigrantes. En sus declaraciones, Biden destacó su diferencia con Trump, enfatizando que nunca demonizará a los inmigrantes ni separará a niños de sus familias.
Las medidas incluyen excepciones humanitarias, pero han sido criticadas por su dureza y por las altas barreras establecidas para la solicitud de asilo. Los defensores de los derechos humanos argumentan que estas políticas pueden poner en riesgo a personas vulnerables que buscan protección.
El nuevo decreto de inmigración de Biden representa un intento decidido de abordar la crisis en la frontera sur en ausencia de una acción legislativa. Aunque busca reforzar la seguridad y gestionar mejor el flujo migratorio, enfrenta serios desafíos legales y críticas de diversos sectores. La efectividad y el impacto humanitario de estas medidas seguirán siendo temas de debate en los próximos meses, mientras Estados Unidos se aproxima a las elecciones de noviembre.
