La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han emitido un llamado urgente a las autoridades nicaragüenses para garantizar la vida e integridad de las personas detenidas arbitrariamente y proceder a su liberación inmediata. Este pedido responde a la alarmante situación de los derechos humanos en Nicaragua, exacerbada desde el inicio de la crisis en 2018.
Al 30 de abril de 2024, al menos 128 personas permanecían detenidas de manera arbitraria, según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Prensas Políticas de Nicaragua. De este grupo, más de 30 individuos cuentan con medidas cautelares o provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Las condiciones de detención, descritas por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, son deplorables y han sido objeto de repetidas denuncias.
Condiciones deplorables y violaciones sistemáticas
Los detenidos en Nicaragua enfrentan condiciones insalubres, falta de acceso a agua potable, alimentación insuficiente y de mala calidad, así como la ausencia de atención médica adecuada. Estas circunstancias, combinadas con denuncias de tratos crueles e inhumanos por parte de las autoridades penitenciarias y agresiones de otros reclusos, han llevado al deterioro severo de la salud física y mental de los detenidos, especialmente aquellos con condiciones preexistentes o personas adultas mayores.
En el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM) “La Esperanza”, las mujeres detenidas enfrentan condiciones aún más severas, incluyendo aislamiento prolongado, intimidación y amenazas constantes. Un caso alarmante es el de Fátima Mejía Ruiz, quien no recibió atención postnatal adecuada tras haber dado a luz antes de su detención. Estas prácticas violan múltiples normas internacionales de derechos humanos y subrayan la necesidad urgente de reformas.
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Restricciones arbitrarias y desapariciones forzadas
Las autoridades nicaragüenses también imponen restricciones arbitrarias para la autorización de visitas y la entrega de suministros esenciales, lo que agrava la incertidumbre y el sufrimiento de las familias de los detenidos. Jaime Navarrete Blandón, detenido desde 2019, y miembros de la iglesia evangélica “Puerta de la Montaña”, detenidos en diciembre de 2023, son ejemplos de casos donde se desconoce la condición de salud de los detenidos.
La CIDH y la RELE expresan una profunda preocupación por la falta de información oficial sobre el desfile de personas como Freddy Quezada, Carlos Bojorge y Brooklyn Rivera, cuyas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas según el derecho internacional. Esta situación exige una respuesta inmediata y transparente del Estado nicaragüense para garantizar el derecho a la vida y la integridad de estas personas.
El contexto en Nicaragua también está marcado por una completa ausencia de un sistema de justicia imparcial e independiente. Las restricciones al acceso a expedientes, la denegación de la tramitación de recursos, el hostigamiento y amenazas contra abogados defensores, y la realización de juicios virtuales sin la presencia de la defensa legal son algunas de las prácticas que socavan las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa.
En 2024, la RELE ha documentado todos los allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias contra periodistas, artistas y académicos. El 19 de mayo de 2024, el periodista Orlando Chávez Esquivel y sus hermanos fueron detenidos, aunque liberados después de las 20 horas. Ese mismo día, el profesor y escritor Pedro Alfonso Morales Ruiz fue detenido en Telica como represalia por su participación en una presentación de un libro. Víctor Ticay, periodista nicaragüense, ha permanecido más de un año en prisión tras ser condenado por delitos relacionados con la propagación de noticias falsas y conspiración.
La CIDH y la RELE instan al Estado de Nicaragua a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente desde 2018 ya cesar la persecución judicial y represión contra diversos actores de la sociedad civil. La liberación de estos detenidos y el cese de la represión son pasos esenciales para restaurar el respeto por los derechos humanos y la dignidad en el país.
Como órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región. La Comisión, compuesta por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA, actúa como un faro de justicia y un llamado a la acción para los gobiernos que violan los derechos fundamentales de sus ciudadanos. La situación en Nicaragua requiere entonces más atención urgente y acción decisiva por parte de la comunidad internacional para poner fin a las violaciones de derechos humanos y garantizar un futuro más justo y respetuoso para todos sus ciudadanos.
