Washington le pasa factura a Ortega y Murillo: «No hemos olvidado el voto robado»
EE. UU. recuerda que Nicaragua debía celebrar elecciones y acusa a la dictadura de cambiar las reglas para perpetuarse en el poder.
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DaríoMedios Internacional
11/8/20263 min read
La dictadura Ortega-Murillo puede cambiar la Constitución, prolongar los mandatos y acomodar las reglas electorales a su conveniencia, pero no puede borrar el derecho que le arrebató a millones de nicaragüenses: elegir libremente a sus gobernantes.
Ese fue el contundente mensaje de Juan Pablo Segura, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien recordó que Nicaragua debería estar celebrando elecciones presidenciales y no soportando la prolongación de una dinastía familiar en el poder.
«No hemos olvidado que los nicaragüenses deberían votar hoy», escribió Segura en su cuenta oficial de X, al señalar que la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega reescribió repetidamente las reglas durante los últimos cinco años para despojar a la población de su derecho a elegir a sus líderes.
El funcionario estadounidense hizo referencia al proceso electoral que debía desarrollarse en Nicaragua, pero que quedó desplazado por las reformas impulsadas por el oficialismo. En lugar de permitir una competencia democrática, la pareja dictatorial ha utilizado el control de las instituciones para modificar las condiciones de permanencia en el poder.
Ortega y Murillo cambian las reglas para no soltar el poder
El señalamiento de Washington apunta directamente a la estrategia de los dictadores: modificar el orden constitucional y las condiciones electorales para garantizar la continuidad de su estructura de poder.
Las reformas constitucionales aprobadas en 2025 establecieron la copresidencia de Rosario Murillo y Daniel Ortega, ampliaron el control del Ejecutivo sobre las instituciones y extendieron el período presidencial. Posteriormente, en septiembre de 2026, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura otra reforma que amplía los mandatos de las autoridades electas de seis a siete años.
Con esta modificación, las elecciones generales previstas para noviembre de 2026 fueron desplazadas hasta 2028. La reforma todavía requiere una segunda aprobación legislativa para entrar plenamente en vigor.
Así, mientras el régimen vende una narrativa de normalidad y estabilidad, sus propias decisiones constitucionales han alterado el calendario electoral y las condiciones para que los nicaragüenses puedan decidir quién gobierna el país.
La OEA prepara seguimiento diplomático a la dictadura
Segura también dejó claro que Estados Unidos no ha abandonado el reclamo democrático sobre Nicaragua. Reiteró el compromiso de Washington y de sus socios regionales de avanzar en el proceso ministerial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el objetivo de que el pueblo nicaragüense recupere el derecho a decidir su futuro político.
El 2 de octubre, los cancilleres de la OEA aprobaron una resolución que estableció un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua. El mecanismo busca impulsar gestiones diplomáticas, establecer contactos con distintos sectores nicaragüenses incluida la oposición, la sociedad civil y las comunidades en el exilio y formular recomendaciones sobre acciones concretas.
El 3 de noviembre, la organización confirmó la participación de diez países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay, Perú y Estados Unidos.
La dictadura enfrenta así un proceso de seguimiento regional que mantiene sobre la mesa las exigencias de liberación de presos políticos, restitución de libertades, recuperación del espacio cívico y restablecimiento de condiciones para elecciones libres e inclusivas.
«No dos déspotas»: Washington cuestiona el futuro impuesto por la dictadura
La parte más contundente del mensaje de Segura fue su rechazo a que el destino de Nicaragua continúe determinado por Ortega y Murillo.
«Estados Unidos y nuestros socios democráticos regionales siguen comprometidos a avanzar en el proceso ministerial de la OEA para garantizar que el pueblo nicaragüense, no dos déspotas, pueda volver a decidir el futuro de Nicaragua», expresó.
La declaración desmonta la pretensión de la pareja dictatorial de presentar su permanencia en el poder como una decisión legítima del pueblo. La continuidad de un régimen no equivale a un mandato democrático cuando las reglas se modifican para impedir la competencia y restringir el derecho ciudadano a elegir.
Ortega y Murillo podrán reescribir las reglas desde sus instituciones controladas, pero no pueden convertir el robo del derecho al voto en una elección legítima ni borrar la exigencia de los nicaragüenses de decidir su propio futuro.
