El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta un nuevo golpe internacional. Este 26 de febrero de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cinco altos funcionarios nicaragüenses, señalados como piezas clave en el engranaje de represión, vigilancia y control político en el país.

El anuncio, realizado en Washington, coloca bajo la lupa a estructuras militares, financieras y regulatorias que, según Estados Unidos, han sido utilizadas para sofocar la disidencia, restringir libertades y perseguir a opositores políticos.

“La dictadura Murillo-Ortega ha continuado su campaña nacional e internacional de represión y tiranía para intimidar, sofocar y socavar a opositores políticos pacíficos y disidentes”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Seguiremos responsabilizando a la dictadura y amplificando las aspiraciones del pueblo nicaragüense por la libertad y la justicia.”

Inteligencia financiera bajo control militar

Uno de los focos más sensibles de las sanciones es la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo encargado de la supervisión de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Según el Tesoro estadounidense, la UAF habría sido instrumentalizada para rastrear y bloquear fondos dirigidos a organizaciones opositoras y actores de la sociedad civil independiente.

Entre los sancionados figuran el general de división retirado Denis Membreno Rivas y el excomisionado Aldo Martín Sáenz Ulloa, director y subdirector de la UAF desde su creación en 2012. Ambos fueron designados bajo la Orden Ejecutiva 13851, enmendada por la 14088.

Washington sostiene que la presencia de oficiales militares y policiales en la conducción del organismo eliminó cualquier autonomía funcional, convirtiendo a la UAF en un instrumento político para congelar activos, restringir operaciones y ejercer presión financiera contra voces críticas.

Inteligencia militar en el centro de las sanciones

El golpe más significativo recae sobre la Dirección de Inteligencia Militar y Contrainteligencia (DICIM), considerada una de las estructuras más herméticas del Ejército de Nicaragua. Su jefe durante más de una década, el mayor general Leonel José Gutiérrez López, también fue incluido en la lista de sancionados.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la DICIM habría coordinado vigilancia interna y externa, monitoreo de periodistas, defensores de derechos humanos, militares retirados considerados “desleales” y manifestaciones de protesta.

La inclusión en la lista SDN (Nacionales Especialmente Designados) implica el bloqueo inmediato de cualquier bien bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe transacciones con personas o entidades vinculadas al designado.

Telecomunicaciones y control digital

También fue sancionada Celia Margarita Reyes Ochoa, subdirectora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Servicios Postales (TELCOR), entidad que Washington identifica como pieza central del aparato de vigilancia digital del régimen.

Según el Tesoro, tras la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes en 2024, TELCOR adquirió amplias facultades para interceptar comunicaciones, recolectar datos privados y geolocalizar ciudadanos, fortaleciendo el control sobre redes sociales y medios independientes.

Ministerio del Trabajo bajo la mira

La ministra del Trabajo, Johana Vanessa Flores Jiménez, nombrada en agosto de 2025, también fue incluida en la lista negra. El gobierno estadounidense la vincula con políticas que habrían contribuido a un entorno de alto riesgo para empresas estadounidenses, así como con medidas asociadas a confiscaciones y restricciones laborales.

Alcance de las sanciones

Las designaciones no solo bloquean activos en Estados Unidos. También prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar cualquier transacción con los sancionados. Instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas con estas personas podrían enfrentar sanciones secundarias, incluyendo restricciones para mantener cuentas corresponsales en territorio estadounidense.

Las violaciones pueden acarrear sanciones civiles y penales de gran magnitud. Incluso el programa de denunciantes de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) contempla recompensas en casos que superen el millón de dólares en penalidades.

Con estas nuevas medidas, Washington parece dirigir su presión hacia el núcleo operativo del régimen: inteligencia militar, control financiero y telecomunicaciones. La estrategia no apunta solo a figuras políticas visibles, sino a los mecanismos que sostienen la estructura de control interno del Estado nicaragüense.