La noche del jueves 19 de febrero de 2026, la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, promulgó oficialmente la nueva ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo. El acto, transmitido en cadena nacional, contó con la presencia de figuras clave del oficialismo como Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello.

Durante su intervención, Rodríguez defendió la medida como un acto de reconciliación nacional y afirmó que “hay que saber pedir perdón y hay que saber recibir perdón”, presentando la normativa como un paso hacia la estabilidad política y la convivencia.

Sin embargo, el anuncio se produce en un contexto de fuertes tensiones internas y presión internacional, lo que ha generado lecturas diversas sobre el verdadero alcance y propósito de la ley.

Excarcelaciones parciales y cifras que siguen preocupando

De acuerdo con la organización Foro Penal, hasta la fecha se han verificado al menos 448 excarcelaciones desde el 8 de enero de 2026. No obstante, más de 600 venezolanos continúan privados de libertad por razones políticas.

Aunque el oficialismo presenta la amnistía como una solución amplia, activistas y defensores de derechos humanos advierten que la normativa contiene exclusiones que podrían limitar significativamente su aplicación. Entre los casos que podrían quedar fuera figuran personas acusadas bajo figuras penales que el propio Estado ha utilizado para criminalizar la disidencia, lo que abre la puerta a interpretaciones restrictivas.

Para muchas familias, el anuncio representa una esperanza, pero también revive la incertidumbre. Procesos anteriores de excarcelación han estado acompañados de condiciones, retrasos administrativos e incluso nuevas detenciones posteriores.

Un mensaje político con doble lectura

Más allá del contenido jurídico, la promulgación de la ley tiene un fuerte componente político. En medio de un escenario regional marcado por reacomodos diplomáticos y creciente escrutinio internacional, el régimen busca proyectar una imagen de apertura.

Sin embargo, sectores opositores sostienen que la medida no implica un desmontaje del aparato represivo ni una revisión estructural del sistema judicial que ha sido cuestionado por organismos internacionales por falta de independencia.

La narrativa oficial insiste en la reconciliación. La crítica internacional, en cambio, señala que la verdadera reconciliación requiere garantías de no repetición, justicia para las víctimas y respeto pleno a las libertades fundamentales.

El desafío de la implementación

La aplicación efectiva de la ley dependerá ahora de decisiones judiciales concretas, procedimientos administrativos y criterios de interpretación. Ese proceso será determinante para evaluar si la amnistía se traduce en una liberación masiva y definitiva o si queda limitada a casos seleccionados.

Organizaciones de derechos humanos advierten que el seguimiento será clave. El país aún arrastra años de detenciones arbitrarias, procesos judiciales cuestionados y denuncias de tratos crueles contra personas privadas de libertad por motivos políticos.

Mientras el gobierno celebra la promulgación como un gesto de perdón, las cifras muestran que la crisis de presos políticos sigue vigente. Más de 600 venezolanos continúan tras las rejas, y sus familias esperan que la ley no sea solo un anuncio simbólico, sino una puerta real hacia la libertad.