La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos USCIS, por sus siglas en inglés, ha asumido un rol más protagónico en la política de deportaciones impulsada por la administración del expresidente Donald Trump, provocando preocupación entre defensores de derechos humanos e inmigrantes.

Según un comunicado reciente, el USCIS ha intensificado su enfoque en la verificación de antecedentes y detección de fraude migratorio, y ahora cuenta con mayor capacidad para transferir a personas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, cuando determine que no califican para permanecer en el país. Estas acciones pueden derivar en expulsiones aceleradas sin que los migrantes tengan acceso a una audiencia ante un juez de inmigración.

Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ACLU, alertan que esta práctica convierte al USCIS, tradicionalmente enfocado en otorgar beneficios migratorios, en una especie de brazo operativo de ICE. “Están desnaturalizando el propósito de la agencia”, denunció Sarah Mehta, subdirectora de asuntos gubernamentales de la ACLU.

En los últimos meses, se han reportado casos de migrantes que, pese a haber vivido y trabajado legalmente en EE.UU. durante años, han recibido notificaciones de desestimación de sus solicitudes de asilo sin resolución final, dejándolos expuestos a una deportación inminente. La administración Trump había ampliado en su momento las deportaciones aceleradas para cubrir a cualquier persona que no pudiera demostrar una residencia continua de al menos dos años en el país.

Expertos advierten sobre impacto negativo en solicitantes que viven y trabajan legalmente en el país

Michael Knowles, vicepresidente ejecutivo del sindicato que representa a empleados del USCIS, manifestó su rechazo: “Nuestro sindicato se opone a cualquier política que viole los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo, quienes tienen derecho al debido proceso sin importar su estatus”.

Por su parte, Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo, advirtió sobre las consecuencias sociales y económicas de estas medidas: “Estamos hablando de personas que han trabajado legalmente durante años y forman parte del tejido social de sus comunidades. Desestimar sus casos perjudica no solo a ellos, sino también a sus familias, empleadores y vecindarios”.

El proceso de asilo ha sido históricamente una vía legal para obtener estatus migratorio y ciudadanía en EE.UU., incluso para quienes ingresaron de manera irregular. La tendencia actual de desestimar casos sin audiencia representa, según organizaciones civiles, un grave retroceso en el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.