La persecución contra la Iglesia católica y las comunidades religiosas en Nicaragua continúa agravándose bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según revela el más reciente informe de actualización sobre Nicaragua publicado por la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés).

El documento advierte que las violaciones a la libertad religiosa no solo persisten, sino que se han expandido a niveles transnacionales, alcanzando incluso a líderes religiosos y creyentes que se encuentran fuera del país.

El reporte sostiene que el régimen sandinista mantiene una política sistemática de hostigamiento, vigilancia, confiscación y represión contra organizaciones religiosas, particularmente contra la Iglesia católica, considerada por el oficialismo como uno de los últimos espacios críticos e independientes dentro de Nicaragua.

Entre las principales denuncias, el informe destaca detenciones arbitrarias, expulsiones de sacerdotes y religiosas, cancelaciones de personerías jurídicas, cierre de organizaciones de fe y mecanismos de vigilancia estatal utilizados para intimidar y silenciar voces críticas.

La USCIRF también señala que las autoridades nicaragüenses han utilizado leyes financieras y estructuras de control estatal como herramientas para reprimir a comunidades religiosas y restringir cualquier expresión considerada incómoda para el poder político.

Represión que cruza fronteras

Uno de los puntos más delicados del informe es la referencia a la expansión internacional de la persecución, señalando que el régimen ha extendido acciones de intimidación y presión más allá de las fronteras nicaragüenses.

La comisión estadounidense advierte que líderes religiosos y opositores exiliados continúan siendo objeto de vigilancia, amenazas y campañas de desprestigio, mientras Managua profundiza su política de aislamiento y control absoluto.

El informe recuerda además que numerosos sacerdotes, obispos y religiosos fueron forzados al exilio en los últimos años, en medio de una ofensiva estatal contra la Iglesia católica que se intensificó tras las protestas sociopolíticas de 2018.

Desde entonces, parroquias vigiladas, procesiones prohibidas, medios religiosos cerrados y celebraciones limitadas forman parte del nuevo panorama impuesto por el oficialismo.

Washington mantiene presión sobre Managua

La USCIRF destacó además recientes medidas impulsadas desde Estados Unidos contra funcionarios vinculados a violaciones de derechos humanos y libertad religiosa en Nicaragua.

El documento menciona sanciones y proyectos legislativos impulsados en el Congreso estadounidense dirigidos a ampliar las herramientas legales contra funcionarios responsables de perseguir organizaciones religiosas y líderes de fe.

Entre esas iniciativas figura el proyecto “Restoring Sovereignty and Human Rights Act in Nicaragua Act of 2026”, presentado en enero, el cual busca endurecer sanciones contra responsables de violaciones a derechos humanos y libertad religiosa.

Asimismo, el informe subraya que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) cuestionó la confiscación de propiedades pertenecientes a instituciones religiosas y denunció el uso del aparato financiero y de vigilancia estatal para aplastar la disidencia.

Nicaragua sigue en la lista negra

La comisión concluye que el régimen Ortega-Murillo continúa incurriendo en “violaciones particularmente severas” contra la libertad religiosa y recomienda nuevamente que el Departamento de Estado de Estados Unidos mantenga a Nicaragua en la categoría de “País de Particular Preocupación”.

Según el organismo, pese a la presión internacional, el oficialismo no ha mostrado señales de rectificación y continúa profundizando un modelo basado en la represión política, el silenciamiento de voces críticas y el control total de las instituciones.

Analistas consideran que la ofensiva contra la Iglesia responde al temor del régimen frente a cualquier espacio con capacidad de movilización social y credibilidad pública, especialmente después de que numerosos sacerdotes y obispos denunciaran la represión estatal durante la crisis iniciada en 2018.

Mientras Ortega y Murillo insisten en presentarse como víctimas de campañas internacionales, los informes de organismos de derechos humanos continúan acumulando denuncias sobre persecución religiosa, exilio forzado y represión sistemática contra comunidades de fe en Nicaragua.