A partir del próximo 7 de agosto, las exportaciones nicaragüenses con destino a Estados Unidos comenzarán a enfrentar un arancel del 18%, el más alto de toda Centroamérica. Esta medida, adoptada originalmente durante la administración de Donald Trump como parte de un paquete de sanciones comerciales, no ha sido modificada por la actual Casa Blanca, a pesar de las expectativas de una eventual revisión.

Según analistas económicos y diplomáticos, esta imposición representa un golpe severo para el ya debilitado aparato productivo del país centroamericano, cuyas exportaciones hacia EE.UU. representan uno de los pilares fundamentales de su balanza comercial. En 2024, Nicaragua exportó al país norteamericano productos por un valor de 1.623,7 millones de dólares, según el Banco Central de Nicaragua (BCN), mientras que importó 2.107,7 millones, generando un déficit comercial de 484 millones de dólares.

El arancel se enmarca dentro de una creciente tensión diplomática entre Managua y Washington, que ha escalado en los últimos años debido a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, el colapso democrático y la consolidación del poder absoluto de la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo. A pesar de los múltiples llamados internacionales a establecer canales de diálogo, el régimen ha mantenido una política exterior confrontativa, con frecuentes ataques verbales hacia Estados Unidos y una estrategia de alianzas geopolíticas con países como Rusia, Irán y China, considerados adversarios estratégicos de Washington.

Falta de voluntad y capacidad de la dictadura para establecer un diálogo

“La falta de una diplomacia profesional, junto con una postura ideológica cerrada, ha impedido cualquier avance en la búsqueda de un entendimiento comercial”, señalan expertos en relaciones internacionales. En ese contexto, Nicaragua ha sido uno de los países más castigados en la reciente actualización del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), una herramienta que permite el ingreso de productos a EE.UU. con bajos aranceles, como incentivo al desarrollo.

Mientras Nicaragua se prepara para este impacto, otros países de la región también han sido afectados, aunque en menor escala. Costa Rica, Ecuador y Bolivia enfrentarán un arancel del 15%, tres puntos porcentuales por debajo del aplicado a Nicaragua. En términos comparativos, la situación de Managua se agrava al observar los aranceles extremos que enfrentan naciones como Siria (41%), Laos (40%) y Myanmar (40%), todos países con regímenes autoritarios o sancionados por la comunidad internacional.

El efecto inmediato del arancel del 18% será un encarecimiento de los productos nicaragüenses en el mercado estadounidense, lo que podría derivar en una pérdida de competitividad frente a otros países exportadores. Sectores clave como el textil, el agroindustrial, la pesca y el café podrían ver reducidas sus ventas, lo que afectaría la generación de empleo y el ingreso de divisas.

“Una medida de esta magnitud no solo desincentiva la inversión extranjera directa, sino que pone en riesgo miles de empleos en zonas francas y pequeñas empresas exportadoras”, advierte un economista consultado bajo condición de anonimato. “Estamos hablando de una posible contracción del PIB si no se toman medidas urgentes de mitigación”.

Hasta ahora, no se ha anunciado ninguna estrategia oficial por parte del Gobierno para enfrentar las consecuencias del nuevo arancel. La falta de transparencia y la opacidad en la toma de decisiones han sido una constante en el manejo económico del régimen sandinista, lo cual genera mayor incertidumbre entre empresarios y exportadores.

En un contexto regional marcado por la desaceleración económica y los efectos persistentes de la inflación global, esta medida coloca a Nicaragua en una posición extremadamente vulnerable. La comunidad empresarial teme que este nuevo obstáculo sea la antesala de una recesión, agravada por el aislamiento internacional al que se ha expuesto el país por decisión del propio régimen.