La decisión, que afectará a unos 4,000 migrantes, pone fin al amparo legal concedido desde 1999 tras el huracán Mitch. La comunidad migrante centroamericana queda en mayor vulnerabilidad. Desde las 11:59 pm del 6 de septiembre del 2025 el TPS quedó sin vigencia para nicaragüenses y hondureños.

La Administración de Donald Trump ha oficializado el fin del Estatus de Protección Temporal TPS, por sus siglas en inglés para alrededor de 76,000 migrantes hondureños y nicaragüenses, una medida que pone fin a más de 25 años de protección contra la deportación y que amenaza con desestabilizar a miles de familias asentadas en Estados Unidos.

Según un documento preliminar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, filtrado el hoy lunes 7 de julio, la decisión entrará en vigor 60 días después de su publicación oficial en el Registro Federal. La medida eliminará el estatus legal de unos 72,000 hondureños y al menos 4,000 nicaragüenses, principalmente radicados en estados como Florida, donde vive una tercera parte de los más de un millón de beneficiarios del TPS en todo el país.

Administración Trump considera que ya no se cumplen los criterios

El TPS fue otorgado originalmente en 1999 por el entonces presidente Bill Clinton, tras el paso devastador del huracán Mitch en octubre de 1998. El ciclón, uno de los más letales del Atlántico, causó más de 11,000 muertes en Centroamérica, incluyendo cerca de 7,000 en Honduras y alrededor de 4,000 en Nicaragua. La catástrofe dejó a los países con infraestructuras colapsadas, sistemas de salud y educación deteriorados, y economías al borde del colapso, lo que justificó la concesión de esta protección humanitaria.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional DHS, argumenta ahora que ya no se cumplen los criterios para mantener esa protección. Según el DHS, “ha habido mejoras notables” en las condiciones de ambos países, como avances en infraestructura, crecimiento en turismo y desarrollo en sectores como agricultura y energía renovable.

Estas afirmaciones contrastan con la realidad que denuncian organizaciones de derechos humanos y migrantes, que señalan la persistencia de gobiernos autoritarios, altos niveles de pobreza, violencia, persecución política y falta de garantías para el retorno seguro de quienes huyeron en busca de protección.

Nicaragua bajo un régimen dictatorial

En el caso de Nicaragua, la cancelación del TPS se da mientras el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se mantiene en el poder mediante el uso sistemático de la represión, el exilio forzado y el control absoluto de las instituciones del Estado. Para muchas personas nicaragüenses, regresar significa enfrentarse a un país sin libertades y con graves riesgos para su seguridad.

La eliminación del TPS para Honduras y Nicaragua llega días después de que la Administración Trump intentara también suprimir esta protección para más de medio millón de haitianos. Aunque esa medida fue temporalmente frenada por una corte federal, la tendencia restrictiva se mantiene. En mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al presidente Trump a eliminar el TPS para más de 350,000 venezolanos.

Desde su primer mandato, Trump ha intentado eliminar el TPS para migrantes de El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal y Sudán. Las nuevas acciones han generado alarma entre otras comunidades beneficiarias que temen ser las próximas en perder esta frágil protección.

Con esta decisión, el futuro de miles de familias centroamericanas queda en el limbo legal. Activistas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos advierten que el fin del TPS no solo expulsa a trabajadores esenciales que han contribuido durante décadas a la economía estadounidense, sino que vulnera profundamente el derecho a la seguridad y la dignidad de quienes huyeron del desastre y la adversidad.