En respuesta a una apelación de emergencia presentada por el presidente Donald Trump, La Corte Suprema de ese país, fallo a favor de permitir al gobierno revocar el programa de “parole” humanitario que otorgaba residencia y permiso de trabajo temporal a más de 500.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Esta medida deja a cientos de miles de personas expuestas a una posible deportación acelerada, mientras continúan los litigios en tribunales inferiores sobre la legalidad de la revocación masiva de este estatus. Dos juezas liberales, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, expresaron su desacuerdo.

En entrevista al medio de comunicación USA Today, Jackson sostuvo que la mayoría “subestimó las consecuencias devastadoras de permitir que el gobierno altere de manera precipitada las vidas y medios de subsistencia de casi medio millón de no ciudadanos, mientras sus reclamos legales están pendientes”. Aseguró.

El programa de “parole” humanitario, implementado por la administración de Joe Biden en 2022 y ampliado en 2023, ofrecía a migrantes de los cuatro países la posibilidad de ingresar legalmente a Estados Unidos por dos años, siempre que contaran con un patrocinador financiero y superaran controles de seguridad.

Trump y su política de deportación masiva

Desde su campaña política y tras asumir el poder como presidente Trump se ha empeñado en poner fin de todos los programas de “parole” categóricos. El 20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva para terminar con estos programas, y en marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la revocación de los permisos, acortando los plazos de los beneficiarios.

En los últimos meses los operativos por parte de ICE se han incrementado en distintos estados, las detenciones han llegado hasta las puertas de las cortes donde migrantes llevan procesos para regular su estatus legal en ese país. “Revocar el estatus de parole facilitaría la inclusión de los migrantes en un proceso de deportación acelerada conocido como ‘expedited removal’”. Explica el gobierno de Trump.

Sindicatos y comunidades que han acogido a los beneficiarios del programa destacaron el impacto que tendrá en distintos sectores la finalización de este programa, casi el 20% de los empleados en una fábrica de autopartes participan en el programa temporal”, que la cancelación abrupta “causaría graves daños económicos y sociales, en sectores clave como la salud, la construcción y la manufactura.

La decisión de la Corte Suprema no es definitiva, ya que el caso continuará en instancias inferiores. Mientras tanto, la administración de Trump podrá avanzar con la revocación del “parole” y la posible deportación acelerada de cientos de miles de migrantes. Abogados de migrantes han calificado el hecho como ‘el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna de Estados Unidos’”.