La noche del jueves 31 de julio terminó en tragedia en el barrio conocido como "La Pañoleta", en el municipio de Chinandega. Un enfrentamiento entre jóvenes dejó como saldo la muerte de Ezequiel Gonzales, de apenas 17 años, quien fue brutalmente agredido cerca de una piscina local. Según testigos, el atacante, identificado como Joshua Zamir Baltodano, de 22 años, llegó de forma repentina y lo atacó sin piedad.

Lo que ha encendido aún más la indignación ciudadana es que Baltodano había salido de prisión ese mismo día, beneficiado por el más reciente indulto del régimen. Con él, en Chinandega, fueron liberadas más de 200 personas privadas de libertad, según fuentes extraoficiales. La víctima, quien se recuperaba de una operación de apendicitis, fue trasladada de emergencia al hospital departamental Dr. Mauricio Abdalah, pero ingresó sin signos vitales.

El hecho revive el debate sobre las excarcelaciones masivas promovidas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Apenas horas antes del crimen, Murillo anunciaba con entusiasmo una nueva jornada de “beneficio legal y convivencia familiar” para 1,500 reos, defendiendo la política oficial bajo el argumento de que solo el 7.5% de los más de 50 mil liberados desde 2014 ha reincidido.

“Eso demuestra que la política funciona”, dijo Murillo a medios oficialistas. “Se les da una nueva oportunidad para volver con su familia, trabajar y, como decían las viejitas, enderezarse”. Sin embargo, la realidad que vive la población nicaragüense, parece contradecir ese relato optimista. Las redes sociales se llenaron de indignación tras conocerse el asesinato de Gonzales.

“Solo están soltando más delincuentes”, fue una de las frases más repetidas entre los comentarios. Muchos acusan al régimen de utilizar las excarcelaciones como una estrategia populista sin ningún mecanismo real de seguimiento, rehabilitación o protección para la sociedad.

Excarcelaciones sin garantías

Expertos en seguridad ciudadana han advertido en múltiples ocasiones que los beneficios legales otorgados de manera masiva a reos comunes, sin procesos rigurosos de evaluación psicosocial, representan un riesgo latente para la seguridad pública. En 2023, un análisis del medio independiente Artículo 66 documentó al menos cinco casos de reincidencia violenta cometidos por personas liberadas bajo este programa. El patrón es similar: reos comunes excarcelados sin supervisión terminan involucrados en robos, agresiones o incluso homicidios en cuestión de días.

Chinandega, con un alto índice de violencia juvenil, ha sido una de las ciudades más afectadas por esta política. Líderes comunitarios han señalado que el gobierno no proporciona ninguna orientación ni recursos para la reinserción efectiva de los liberados. “Los sueltan como si nada, sin trabajo, sin atención psicológica, sin control. ¿Qué esperan que pase?”, se quejó un habitante del barrio La Pañoleta, que prefirió el anonimato por temor a represalias.

Mientras tanto, las autoridades policiales dicen haber iniciado investigaciones para capturar a Baltodano, quien permanece prófugo tras el crimen. Este caso no solo deja luto en una familia chinandegana. También pone en evidencia el profundo fracaso de una política de “reconciliación” que, según denuncian analistas y ciudadanos, ha sustituido la justicia por propaganda, y ha dejado a la población más vulnerable frente a la violencia.